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Tras las medidas de impacto recesivo tomadas por el Banco Central para frenar la corrida cambiaria, los efectos de la misma ya se empezaron a sentir fuertemente.  

A la suba de tasas en pesos, que generó la parálisis casi total del crédito debido al desorbitante costo financiero del mismo,  se le suma parates y suspensiones en la industria, caída  en términos reales de ventas minoristas y pérdida del salario real en al menos 10 puntos porcentuales.

Todo esto hubiera tenido sentido si dichas medidas se hubieran encarado como parte de un plan integral anti inflacionario, que contara entre otras cosas con metas de inflación creíbles, congelamiento del gasto público, exenciones impositivas, liberación de importaciones y otra serie de señales tendientes a generar confianza y previsibilidad. 

Pero una vez más el poder político, haciendo gala de su irresponsabilidad, solo se limita a seguir aumentando el gasto, seguir falseando estadísticas oficiales, seguir anunciando planes harto fracasados como “precios cuidados” y, como si fuera poco, seguir endilgándole las culpas a cuanto agente se le cruce ( empresarios, bancos, campo, sindicatos ) de los problemas que el  mismo genera.

Bajo este escenario, se cuenta con poco margen de maniobra, ya que de relajar la contracción monetaria se arriesga a otra corrida hacia el dólar; pero de no hacerlo se corre serio peligro de profundizar la caída de la actividad y con ello el nivel de empleo, algo que desde el gobierno no están dispuestos a tolerar. 

Entonces, ¿cuál es la única salida que ve el gobierno ante esta disyuntiva?  Pues buscar fondos en los mercados internacionales. Hacia ello se dirigen todos los guiños recientes al mercado financiero y esfuerzos del gobierno. Aunque parece difícil, han habido tímidos acercamientos, como la colocación de u$s 1.000 millones de YPF, a 10 años al 8,75% anual. Se seguirá insistiendo con YPF como imán para traer dólares. Se busca también que las provincias aporten su cuota y emitan deuda, de hecho la Provincia de Buenos Aires ya tiene luz verde de Economía para salir a buscar al exterior u$s 500 millones, a la tasa poco razonable del 12%. 

Y es que Argentina aun hoy es considerada un país “riesgoso” para invertir. El seguro contra default por bonos de la deuda argentina es un 40% más caro que el de Venezuela, debido en su mayoría al mal manejo de la causa holdouts.  

El riesgo país soberano, que si bien bajó estos últimos meses, se encuentra entre los más altos del mundo, solo superado por países al borde de la guerra civil, como Ucrania y Venezuela. El flamante Bonar 24, único instrumento de tramo medio (10 años) de la curva, rinde aproximadamente un 12%; si buscamos algo más corto como ser el Boden 15, paga un rendimiento en dólares del 9.7% a solo un año de plazo; contra el 0.81% que paga Uruguay  o el 0,59% de Perú. Ese diferencial (spread) de tasas abismal está basado un 90% en riesgo institucional. Más allá del bajo endeudamiento,  se considera que el país no brinda seguridad jurídica ni reglas claras en materia económica. Y eso se paga.

Si lo que se necesita es buscar fondos en cantidad (y calidad), es primordial bajar esta tasa y llevarla a un nivel primario razonable del 6% o 7% para plazo medio.  El más reciente acuerdo con el Club de París serian buenas señales hacia ese objetivo. Todavía queda pendiente la resolución de la causa holdouts como último escollo importante para los papeles argentinos y para dejar atrás definitivamente el fantasma del default. De conseguirlo, especulan que ayudaría a generar entrada de dólares que fortalezcan las reservas  a un nivel tal que permita aligerar el ajuste, liberar importaciones, mejorar el nivel de actividad y ahorrarse el costo político de una nueva gran devaluación. Y que se haga cargo el que sigue.

Recesión, dólar... O endeudamiento;  a este complicado dilema nos enfrentamos, a un año de transcurrida la “década ganada”.