Ignacio Delfino
Ignacio Delfino. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.
Una idea arraigada en parte de la opinión pública sostiene
que el empleo debe protegerse y mantenerse a cualquier costo, incluso si ello
implica privilegios regulatorios, barreras a la competencia internacional o
transferencias constantes de recursos públicos. Esta concepción no solo es
errónea, sino que fomenta el estancamiento y el declive económico: legitima
ocupaciones artificiales por su ineficiencia, inmoviliza y destruye capital, y
desvía recursos de actividades productivas hacia aquellas que solo sobreviven
por decisión política.
La tragedia de este enfoque no se limita a lo que
perpetúa, sino a lo que inhibe. Todo empleo sostenido mediante subsidios
estatales u otras formas de apoyo indirecto genera una asignación ineficiente
de
recursos y, al hacerlo, impide que el capital, el trabajo
y el conocimiento se dirijan hacia usos más productivos. El verdadero costo no
está solo en las distorsiones visibles, sino en la pérdida silenciosa de los
empleos que nunca llegan a existir.
De este modo, el proteccionismo y los subsidios no solo
prolongan estructuras improductivas, sino que, de manera más sutil y profunda,
debilitan la capacidad del sistema económico para generar empleo innovador y
sostenible. El empleo, para ser sostenible, no puede considerarse un fin en sí
mismo; solo se justifica cuando responde a la producción de bienes y servicios
demandados libre y voluntariamente en el mercado. Ni siquiera el empresario o
el emprendedor centra su atención en la creación de empleo, sino en identificar
actividades rentables. Una vez definida la más conveniente, organiza los
recursos para generar beneficio. En este cálculo, el empleo no es un objetivo
explícito, sino una consecuencia eventual y una necesidad de la actividad
productiva.
A la luz de lo expuesto, en un mercado libre, la economía
genera constantemente nuevas formas de empleo. La obsolescencia de ciertos
trabajos, en el contexto actual de la revolución de la inteligencia artificial,
lejos de implicar una pérdida definitiva, señala la liberación de recursos
hacia usos más productivos. La búsqueda de ganancias impulsa oportunidades
laborales ilimitadas, y los avances en productividad no eliminan empleo neto,
sino que lo reorganizan, dando lugar a sectores y actividades donde el trabajo
adquiere mayor valor.
La evidencia internacional muestra con claridad que el
empleo genuino surge allí donde existen sectores empresariales competitivos,
integrados en contextos regionales e institucionales que han logrado consolidar
verdaderos “yacimientos de empleo” a partir de clústeres productivos dinámicos.
No fueron exitosos gracias a la protección estatal ni a políticas de
sostenimiento público del empleo, sino por su capacidad de competir, innovar y
articular cadenas de valor orientadas al comercio internacional. En todos estos
casos, el empleo fue una consecuencia, no un objetivo diseñado por un gobierno
ni por una autoridad central iluminada.
Este patrón observable es directamente aplicable al caso
argentino. Sectores como el energético en Vaca Muerta, la minería en la
cordillera y la producción agropecuaria presentan un potencial similar de
generación de empleo genuino. Son ámbitos donde el descubrimiento económico se
pone en marcha a partir de la confirmación de inversiones anunciadas, en los
que nadie puede anticipar cuántas empresas surgirán ni qué innovaciones
prevalecerán como motor y fuente de nuevos trabajos.
El proceso de expansión de sectores competitivos tiene,
además, una dimensión territorial ineludible. Provincias como Neuquén, Río
Negro, San Juan, Jujuy, Salta o Catamarca comienzan a consolidarse como polos
de atracción de inversión y empleo cuando se liberan los incentivos y se
garantizan reglas estables. La relocalización de la mano de obra hacia estas
regiones no constituye un problema, sino un mecanismo natural de coordinación
económica: el trabajo se desplaza hacia donde es más productivo. De este modo,
el empleo deja de ser una asignación política concentrada en centros urbanos
sostenidos por gasto público y pasa a distribuirse según oportunidades reales.
Para que este proceso se consolide, resulta imperioso
reglamentar la totalidad de la ley de modernización laboral recientemente
aprobada en el Congreso y avanzar en una reducción aún más sostenida del gasto
público, eliminando aquellas estructuras que existen únicamente para
redistribuir recursos sin generar valor. La privatización de empresas
estatales, la implementación continua de medidas desregulatorias y la eliminación
de organismos de control innecesarios son condiciones sine qua non para liberar
capital y trabajo hacia actividades productivas.
Del mismo modo, la eliminación definitiva de las
retenciones agropecuarias y de las restricciones cambiarias para empresas
constituye un paso clave: mientras subsistan derechos de exportación
distorsivos y controles que limiten el acceso de las empresas al mercado de
divisas para el pago de importaciones, otros pagos o el giro al exterior de
dividendos acumulados, la inversión y la expansión de sectores competitivos
continuarán condicionadas y ralentizadas. Cuanto mayor sean la producción, el
comercio exterior y la integración internacional, más rápidamente se desplegará
el pleno potencial del empleo sostenible a lo largo del tiempo.
Las reformas orientadas a abrir la economía —disciplina
fiscal, privatizaciones, apertura comercial, eliminación de controles de
precios, liberación cambiaria, simplificación tributaria y drástica reducción
de la presión fiscal— no buscan sostener empleo a cualquier costo, sino crear
un entorno en el cual el empleo emerja de manera natural. El mejor aporte del
Estado en la generación de empleo es tan simple como alcanzable: apartarse
mediante la eliminación de impuestos e intervenciones de cualquier tipo.
Allí donde las empresas compiten, innovan y responden a la
demanda real, surgen nuevas oportunidades laborales. Allí donde el empleo
depende de subsidios o protecciones, subyace una fragilidad encubierta que hoy
aflora en numerosos sectores de actividad que, aun beneficiándose de que
Argentina siga siendo una de las economías más protegidas del mundo, revelan
dificultades persistentes para sostenerse por sí mismos.
El dilema es, en última instancia, simple y no admite
ambigüedades: o se está del lado de los consumidores y usuarios —que demandan
mejores bienes, mejores servicios y precios más bajos en un entorno de
competencia—, o se está del lado de la preservación artificial del empleo, sin
otra consideración que sostenerlo a cualquier costo. No es posible maximizar
ambos objetivos al mismo tiempo. Elegir proteger empleos improductivos implica
necesariamente perjudicar a la mayoría de la sociedad, encareciendo bienes,
reduciendo calidad y frenando la innovación. Elegir a los consumidores, en
cambio, implica permitir que el empleo se reconfigure, se desplace y se expanda
allí donde realmente genera valor. En esa elección se define no solo la
eficiencia de la economía, sino también las posibilidades reales de prosperidad
de los argentinos.
