Ignacio Delfino
Ignacio Delfino. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.
Los argentinos aprendieron a interpretar sus vidas en función de los
gobiernos de turno: a unos les atribuyeron su pobreza, de otros esperaron la
solución. Esa mentalidad es el producto previsible de décadas de estatismo que
atrofió la autonomía y acostumbró al ciudadano a una relación de dependencia
con el Estado. Una sociedad verdaderamente libre es aquella en la que cada
persona puede atribuirse sus logros y asumir sus fracasos sin depositar en el
Estado ni la causa de sus males ni la esperanza de su bienestar. La Argentina
tiene hoy, por primera vez en más de un siglo, la oportunidad de aproximarse a
ese ideal.
Las oportunidades productivas de la Argentina no pertenecen a una época
determinada: han estado presentes desde el siglo XIX y persisten en el XXI, a
la espera de las condiciones que permitan desplegarlas plenamente. Las tierras
fértiles de la pampa húmeda, los yacimientos de hidrocarburos, los depósitos de
cobre y la capacidad agroindustrial han existido siempre con independencia de
la demanda externa. Lo que varió históricamente no fue la disponibilidad de
recursos, sino la voluntad política de ponerlos en valor. Los recursos físicos
no son riqueza en sí mismos, son oportunidades que solo se actualizan cuando
los derechos de propiedad, los precios libres y la seguridad jurídica permiten
al empresario descubrirlos y movilizarlos.
La narrativa estructuralista de raíz cepalina invirtió sistemáticamente
esta causalidad al atribuir el despegue agroexportador argentino de 1880 a
condiciones exógenas. El auge y el declive posterior no se debieron a la
estructura del comercio internacional ni a los términos de intercambio. La
dirigencia de aquel período adoptó decisiones de apertura comercial en el marco
de la Constitución de 1853, que garantizaba los derechos de propiedad, la libre
circulación de personas y capitales y la integración al mercado global. Estas
condiciones fueron posteriormente desmanteladas a lo largo del siglo XX.
Hoy, la pregunta relevante no es si el mundo demanda lo que la Argentina
puede producir —una demanda que ha existido en distintas formas a lo largo de
la historia—, sino si la Argentina está dispuesta a producirlo bajo las
condiciones que hacen posible la inversión de largo plazo. En este sentido, no
existe crecimiento más sostenible en el tiempo que aquel impulsado por las
exportaciones.
La cuestión decisiva sigue siendo la misma, ayer y hoy: las
instituciones. El extraordinario crecimiento argentino entre 1880 y 1914 no fue
el resultado de una élite particularmente iluminada ni de una dirigencia
homogéneamente liberal. Juan Bautista Alberdi lo comprendió al sostener que los
países no prosperan por la virtud de sus gobernantes, sino por la calidad de
las reglas que limitan su poder. La Constitución de 1853 fue su principal
legado institucional: estableció un marco general de incentivos que redujo los
costos de transacción y amplió los horizontes de cooperación económica
voluntaria. Fijó límites relativamente claros al Estado, protegió la propiedad
privada, abrió el país al comercio y garantizó la libre circulación de
capitales.
El resultado no fue solo crecimiento económico. Fue también uno de los
procesos de movilidad social más impresionantes de Occidente. Como documentó
Roberto Cortés Conde en El progreso
argentino 1880-1914: los salarios reales argentinos superaban a los de
Italia entre 1882 y 1903. Millones de inmigrantes europeos llegaron sin
patrimonio, muchos de ellos sin conexiones e incluso sin dominio del idioma
español, pero encontraron un contexto económico con los incentivos adecuados
para progresar en apenas una generación. La clase media argentina no nació de
grandes programas estatales de redistribución: nació del ascenso espontáneo de
individuos libres actuando en mercados relativamente abiertos.
Sin embargo, en el interior mismo de ese orden de prosperidad comenzaron
a incubarse las semillas de su deterioro. Las reformas educativas fueron
incorporando progresivamente contenidos nacionalistas que erosionaron las
instituciones informales sobre las que descansaba el orden liberal. Tras la Ley
Sáenz Peña de 1912, la política comenzó a incorporar nuevas demandas sociales
que, con el tiempo, favorecerían una mayor intervención estatal y una expansión
progresiva de las funciones del gobierno. El deterioro institucional argentino
no comenzó con un único golpe militar ni con un evento aislado: comenzó mucho
antes, cuando la sociedad dejó de compartir los valores que sostenían el
sistema que había generado prosperidad. El Estado dejó de custodiar las reglas
del juego para convertirse en director de la economía.
En ese contexto, el gobierno de Javier Milei representa el primer
intento explícito en décadas de revertir estructuralmente esa trayectoria. Su
medida más relevante fue la eliminación del déficit fiscal y la consecuente
reducción del gasto público y la presión fiscal. El DNU 70/2023 derogó y
modificó cientos de regulaciones que durante años habían distorsionado los
mercados, privilegiando a grupos organizados y restringiendo la libertad contractual
de millones de personas. A este conjunto se suman avances en la liberalización
cambiaria, la reducción de la plantilla de funcionarios, la simplificación de
trámites para el comercio exterior y reformas laborales que ampliaron el
período de prueba y redujeron la litigiosidad. Ninguno de estos logros puede
leerse, sin embargo, como la llegada a un destino. La libertad económica no es
una condición que se decreta, es un orden que se construye pacientemente
mediante reglas creíbles y compromisos sostenidos en el tiempo.
Existen condicionamientos estructurales que han llevado al gobierno a
implementar los Regímenes de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la
versión más ambiciosa que está tomando forma bajo el nombre de Súper RIGI. La
lógica que los sustenta excede la de un instrumento jurídico, fiscal y de
promoción de inversiones. Se trata de una respuesta estratégica a un problema
de fondo: los marcos regulatorios sedimentados durante décadas de
intervencionismo no se desactivan por la sola voluntad de una administración
reformista. Los poderes legislativos, los sistemas judiciales y las burocracias
administrativas poseen inercias propias que ningún mandato electoral puede
comprimir sin incurrir en costos que terminarían socavando la propia reforma.
Ante esta tensión estructural, los RIGI proponen una solución que tiene
precedentes históricos exitosos. Las zonas económicas especiales que China
utilizó desde 1978 como laboratorios de mercado, los free ports del mundo
anglosajón y las zonas francas que catalizaron el desarrollo exportador de
Singapur y los Emiratos Árabes Unidos operaron bajo una lógica similar: dado
que la reforma total era lenta o políticamente inviable, se construyeron
espacios donde las reglas eran distintas y mejores. Los RIGI funcionan como
mecanismos de precompromiso creíble: el Estado renuncia anticipadamente a
ejercer ciertas potestades que, aunque legalmente disponibles, resultan
económicamente inviables. Las garantías de alícuota cero para los derechos de
exportación, arancel cero sobre los insumos importados, amortización acelerada
y estabilidad fiscal de largo plazo no constituyen privilegios sectoriales en
el sentido clásico de la búsqueda de rentas (rent-seeking), sino la restitución
parcial de las condiciones normales de funcionamiento de un mercado libre.
La objeción más seria a esta estrategia es que los regímenes especiales
crean asimetrías de condiciones entre actores. Ese reparo tiene fuerza
normativa genuina, pero debe ser evaluado en un contexto real de restricciones
claras. Hoy la alternativa al RIGI no es un régimen donde todos los agentes
económicos gozan de las mismas condiciones favorables, sino uno donde todos
operan bajo las mismas condiciones desfavorables. La solución al problema de la
asimetría no consiste en suprimir los regímenes especiales, sino en extenderlos
progresivamente hasta que la excepción se convierta en regla general. Su éxito
económico y capacidad de atracción de capital pueden incentivar procesos de
liberalización más amplios y cuestionar la eficacia de marcos regulatorios más
intervencionistas.
El objetivo estratégico de los RIGI o Súper RIGI es anclar
institucionalmente la libertad económica en la Argentina. El RIGI es el
pasaporte a la economía de libre mercado y el Súper RIGI aspira a convertirse
en su fast track: un mecanismo diseñado para acelerar la convergencia
institucional hacia un régimen de mayor libertad económica sin depender de que
cada reforma deba recorrer primero el lento camino de la política tradicional.
La ventana histórica actual probablemente sea la más importante desde
aquella generación fundacional de los años 80. Y el dilema sigue siendo
esencialmente el mismo que hace 150 años: ¿nos conformaremos con un ciclo
político favorable o esta vez iremos hacia un horizonte en el que los
argentinos dejemos de mirar al Estado como el árbitro de nuestro destino? Ese
desaprendizaje se construye con la experiencia de individuos que descubren que
pueden prosperar sin pedir permiso. La Argentina ya demostró que ese orden es
posible. La tarea de esta generación es hacerlo realidad una vez más.
