La pregunta relevante no es si Argentina debería conservar el peso o
adoptar el dólar. Plantear el debate en esos términos supone partir de una
premisa equivocada. La cuestión de fondo es otra: ¿debe una sociedad seguir
confiando a la clase política el poder de destruir periódicamente su moneda?
El verdadero debate no consiste en determinar cuál sería la mejor moneda
posible, sino en decidir si el dinero debe continuar siendo un instrumento del
poder político o recuperar su condición de institución surgida de la
cooperación espontánea entre los individuos.
Gran parte de la discusión sobre política monetaria en Argentina gira en
torno a cuestiones técnicas: el régimen cambiario, el nivel de reservas
internacionales, la capacidad de respuesta frente a las crisis, los costos de
transición o el margen de maniobra de la política monetaria. Sin embargo, todas
ellas dependen de una cuestión previa: el diseño institucional que define quién
controla el dinero y con qué límites puede hacerlo.
El núcleo del debate no enfrenta dos teorías monetarias, sino dos
órdenes institucionales profundamente distintos. En uno, los gobiernos
conservan la posibilidad de financiar el gasto público mediante emisión
monetaria; en el otro, esa posibilidad desaparece.
La experiencia argentina, unida a la persistencia de una cultura
política intervencionista y fiscalmente irresponsable, sugiere que las soluciones
intermedias difícilmente produzcan resultados diferentes de los ya conocidos.
El actual gobierno ha asumido un compromiso con la disciplina fiscal y ha
propuesto reforzar la independencia del Banco Central, prohibir expresamente el
financiamiento monetario del Tesoro y establecer límites más estrictos a la
emisión.
Precisamente por ello, es a un gobierno fiscalmente responsable al que
corresponde impulsar reformas institucionales de carácter permanente y
extraordinariamente difíciles de revertir por futuras mayorías. La estabilidad
monetaria no puede descansar en la expectativa de que los próximos gobiernos
actuarán con la misma prudencia. La reacción del riesgo país ante la mera
posibilidad de un regreso de fuerzas políticas dispuestas a recurrir nuevamente
al financiamiento inflacionario pone de manifiesto que los mercados siguen desconfiando
de la permanencia de las reglas del juego cuando estas dependen, en última
instancia, de decisiones políticas futuras.
Con frecuencia el debate parte de una comparación engañosa. Se
contrapone una moneda nacional administrada por autoridades prudentes e
independientes con la adopción de una moneda extranjera. Pero esa alternativa
pertenece mucho más al terreno de la teoría que al de la experiencia histórica.
La comparación relevante no es entre el peso y el dólar, sino entre una moneda
susceptible de ser utilizada para financiar déficits mediante inflación y un
régimen que impida institucionalmente ese comportamiento.
Desde esta perspectiva, la dolarización no representa el sistema
monetario ideal, sino una solución de segundo
mejor (second best): una
alternativa imperfecta que resulta razonable cuando las condiciones necesarias
para un régimen monetario plenamente competitivo no existen. Su principal
virtud no consiste en ofrecer una moneda superior, sino en impedir que el
Estado recurra nuevamente a uno de los mecanismos que con mayor frecuencia ha
utilizado para financiar su gasto.
Existe, además, un aspecto que suele pasar inadvertido. En Argentina la
elección monetaria ya se produjo espontáneamente mucho antes de que la
dolarización ingresara en la agenda política. En la práctica, el dólar
constituye desde hace décadas la principal reserva de valor de las familias y
la unidad de cuenta utilizada en las transacciones patrimoniales más
relevantes. El peso, en cambio, ha quedado progresivamente relegado a las
funciones que el propio ordenamiento jurídico y el sistema tributario obligan a
desempeñar.
La dolarización, por tanto, no crearía un nuevo orden monetario. En
buena medida, conferiría reconocimiento jurídico a un orden que la propia
sociedad ya ha construido mediante sus decisiones cotidianas.
Paradójicamente, la reciente propuesta de reforma de la Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina confirma este diagnóstico. Si
resulta necesario reforzar su independencia, prohibir expresamente el
financiamiento monetario del Tesoro y establecer nuevos límites a la emisión,
ello implica reconocer que el problema argentino no residió únicamente en las
decisiones de determinados gobiernos, sino en un diseño institucional que hizo
posible su repetición.
Por rigurosa que sea, ninguna reforma legal elimina por sí sola el incentivo
político a modificar nuevamente esas reglas cuando las circunstancias fiscales
cambian. Las leyes pueden redefinir las competencias del Banco Central; no
pueden impedir que futuras mayorías vuelvan a alterarlas. Tampoco pueden
conferir al Estado argentino la facultad de crear dólares.
Por ello, la dolarización debe entenderse menos como la imposición
estatal de una moneda extranjera que como el reconocimiento jurídico de una
realidad monetaria previamente consolidada por la sociedad y como una restricción
institucional destinada a impedir que el financiamiento inflacionario vuelva a
convertirse en un instrumento habitual de la política fiscal. El Estado dejaría
así de sostener artificialmente una moneda cuya utilización depende cada vez
más de obligaciones legales y tributarias que de la confianza libremente
otorgada por quienes la utilizan.
La experiencia ecuatoriana ilustra con claridad este punto. Incluso
gobiernos alejados de las ideas de mercado preservaron la dolarización. No lo
hicieron porque compartieran una determinada teoría monetaria, sino porque el
dólar terminó convirtiéndose en el marco de referencia sobre el que millones de
personas organizaron sus contratos, sus ahorros y sus expectativas. Una vez
consolidada esa confianza social, revertirla dejó de ser únicamente una
decisión económica para convertirse en una decisión políticamente muy costosa.
La experiencia argentina muestra el contraste. Durante décadas,
gobiernos de orientaciones ideológicas muy diversas recurrieron reiteradamente
a la emisión para financiar desequilibrios fiscales. No se trató de episodios
excepcionales, sino de un patrón recurrente de ejercicio del poder. La
inflación terminó convirtiéndose en una forma de financiamiento conveniente
para quienes ejercían el poder y, por ello, difícil de abandonar.
El problema, por tanto, no consiste únicamente en diseñar mejores reglas
monetarias. Consiste en reconocer que las instituciones solo resultan eficaces
cuando existen incentivos para respetarlas. La historia argentina demuestra
que, cada vez que la emisión ofreció una salida políticamente rentable, las
restricciones terminaron cediendo.
La cuestión decisiva no es si una política monetaria prudente sería
deseable. Pocas personas discutirían ese objetivo. La verdadera pregunta es
otra: ¿existen razones para esperar que futuros gobiernos renuncien
voluntariamente a un instrumento cuyo uso ha beneficiado sistemáticamente a
quienes ejercen el poder, aunque sus costos hayan recaído sobre el conjunto de
la sociedad?
Los beneficios económicos de la dolarización son ampliamente conocidos:
la desaparición del impuesto inflacionario, el fin de las devaluaciones
discrecionales, una mayor previsibilidad de los precios y de los contratos,
menores primas asociadas al riesgo monetario y cambiario, tasas de interés más
bajas, un mayor desarrollo del crédito de largo plazo, una credibilidad más
sólida del régimen monetario y una disciplina fiscal más exigente. Sin embargo,
todos ellos derivan de un cambio institucional previo y más profundo: el dinero
deja de estar subordinado a las necesidades inmediatas de la política fiscal.
Ese es, en última instancia, su mayor beneficio.
Reconocer las virtudes institucionales de la dolarización no equivale,
sin embargo, a convertirla en el ideal de un orden monetario libre. Desde una
perspectiva inspirada en Friedrich A. Hayek, el monopolio del dólar sigue
siendo un monopolio monetario. Cambia la autoridad emisora, pero permanece la
existencia de una moneda privilegiada por el ordenamiento jurídico. La
dolarización reduce de forma drástica la capacidad de los gobiernos nacionales
para manipular el dinero, aunque no elimina por completo el problema de fondo.
Esta precisión resulta esencial porque permite distinguir dos planos del
debate. El primero es institucional y responde a una preocupación inmediata:
cómo impedir que el poder político vuelva a utilizar la emisión como mecanismo
de financiamiento. En ese terreno, la dolarización representa una respuesta
eficaz para un país cuya historia demuestra una reiterada incapacidad para
preservar una moneda estable.
El segundo plano es más profundo. Incluso suponiendo que la autoridad
emisora fuera técnicamente competente e institucionalmente independiente,
seguiría pendiente una cuestión decisiva: ¿existen razones para que el Estado
conserve el monopolio sobre la definición del dinero?
Responder a esa pregunta exige abandonar momentáneamente la discusión
sobre Argentina y volver a Carl Menger. Con frecuencia se afirma que Menger
demostró el origen espontáneo del dinero. La afirmación es correcta, pero no alcanza
a expresar la verdadera profundidad de su aporte. Su teoría no solo cuestiona
la idea de que el dinero sea una creación del Estado; explica por qué ninguna
autoridad puede decidir de antemano cuál será el bien que una sociedad elegirá
como medio de intercambio.
La posición que Menger adoptó durante los debates sobre la reforma
monetaria del Imperio austrohúngaro confirma esta interpretación. Su defensa
del patrón oro no respondía a la idea de que el Estado debiera decidir cuál
sería el dinero de la sociedad, sino al reconocimiento de que el mercado ya
había seleccionado espontáneamente el oro como el medio de intercambio más
apto. La función de la ley no consistía en crear esa realidad monetaria, sino
en conferir estabilidad jurídica a un proceso de coordinación previamente
generado por las decisiones de los propios individuos.
Para Menger, ningún bien nace siendo dinero. Un determinado activo
adquiere esa condición porque, mediante un proceso continuo de prueba, error y
aprendizaje, un número creciente de individuos descubre que resulta más
fácilmente intercambiable que los demás. Su aceptación no depende de una
decisión política, sino de un proceso evolutivo de coordinación social.
La liquidez, en consecuencia, no constituye una propiedad física del
bien. Expresa una expectativa compartida acerca de la probabilidad de que otras
personas también lo acepten en intercambios futuros. Y, como toda expectativa,
depende de valoraciones subjetivas que cambian constantemente y permanecen
dispersas entre millones de individuos. De esta observación se desprende una
consecuencia de enorme importancia. Si la liquidez depende de
valoraciones subjetivas en permanente evolución, ninguna autoridad puede
conocer de antemano cuál será la moneda que una sociedad preferirá conservar.
El conocimiento relevante nunca se encuentra concentrado en un organismo
estatal, un banco central o un comité de expertos. Se encuentra distribuido
entre millones de personas que revisan continuamente sus expectativas a la luz
de nuevas circunstancias.
En este punto puede apreciarse con claridad la continuidad intelectual
entre Menger y Hayek. Habitualmente se atribuye a Hayek la formulación del
problema del conocimiento disperso y la explicación de cómo los órdenes
sociales complejos surgen de procesos de coordinación que ningún planificador
puede reemplazar. Todo ello es cierto. Sin embargo, esa intuición ya estaba
implícita en la teoría monetaria de Menger.
Si el dinero emerge porque innumerables individuos ajustan
constantemente sus expectativas acerca de qué bienes serán aceptados por los
demás, entonces el conocimiento necesario para determinar cuál será la mejor
moneda nunca puede centralizarse. Permanece inevitablemente disperso y cambia
al mismo ritmo que cambian las preferencias, la información y las
circunstancias de quienes participan en el mercado.
Esta conclusión modifica profundamente la forma de entender la
competencia monetaria. Su justificación última no radica únicamente en que
produzca mejores resultados económicos, sino en el reconocimiento de los
límites del conocimiento humano. La competencia entre monedas constituye, antes
que nada, un mecanismo institucional para descubrir qué activos merecen
conservar la confianza de la sociedad. Del mismo modo que ningún planificador
puede decidir qué empresas deberían sobrevivir en un mercado, tampoco puede
determinar qué dinero conservará la confianza de millones de personas.
Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser cuál es la mejor moneda
y pasa a ser quién debe decidir qué es dinero. Una sociedad verdaderamente
libre no necesita encontrar una autoridad monetaria más prudente. Necesita
instituciones que permitan a los individuos elegir libremente el medio de
intercambio que consideren más confiable.
La consecuencia normativa de este planteamiento resulta clara. Si
ninguna autoridad posee el conocimiento necesario para determinar cuál será la
moneda que una sociedad preferirá utilizar, tampoco existen razones para que el
Estado conserve el monopolio de esa decisión. Su función no debería consistir
en seleccionar el dinero de los ciudadanos, proteger una moneda determinada o
garantizar artificialmente su aceptación. Debería limitarse a asegurar el
cumplimiento de los contratos libremente celebrados, cualquiera que sea el
medio de intercambio elegido por las partes.
Ese horizonte exige una transformación más profunda que la simple
sustitución de una moneda por otra. Supone eliminar el curso forzoso,
garantizar la plena libertad contractual en materia monetaria, permitir la
competencia entre monedas nacionales, extranjeras, privadas y digitales,
retirar progresivamente los privilegios jurídicos del banco central y
establecer una estricta neutralidad legal y tributaria entre los distintos
medios de intercambio, con independencia del régimen bancario que termine
prevaleciendo. En un régimen verdaderamente libre, la aceptación de una moneda
dependería exclusivamente de la confianza que inspire a quienes deciden
utilizarla.
Naturalmente, una transformación de esa naturaleza no puede producirse
de forma inmediata. Las instituciones evolucionan gradualmente y los hábitos
monetarios también. Precisamente por ello, la dolarización adquiere sentido
como una solución institucional de segundo mejor. No representa el destino
final de un orden monetario libre, sino una etapa capaz de eliminar el
principal mecanismo mediante el cual el poder político argentino ha deteriorado
durante décadas la confianza en su moneda.
Solo una vez cerrada esa vía resulta posible avanzar hacia un sistema
basado en una genuina libre competencia entre medios de intercambio. Entendida
de este modo, la dolarización deja de ser un punto de llegada para convertirse
en un punto de partida. Su importancia no reside únicamente en los beneficios
económicos que pueda generar a corto plazo, sino en el cambio institucional que
introduce: sustrae el dinero del ámbito de decisión ordinaria de la política y
reduce la capacidad del Estado para utilizar la inflación como instrumento de
financiamiento.
El caso argentino, además, trasciende ampliamente sus propias fronteras.
Obliga a replantear una cuestión que afecta a cualquier sociedad: ¿hasta qué
punto debe el poder político controlar una institución cuyo funcionamiento
incide directamente sobre el valor del trabajo, del ahorro y de los contratos?
Durante generaciones se ha asumido que el Estado debía monopolizar la
moneda y que el desafío consistía únicamente en encontrar gobernantes
suficientemente prudentes para administrarla. La experiencia argentina, junto
con la de tantos otros países, invita a poner en duda esa premisa. El problema
no parece residir exclusivamente en la calidad de quienes ejercen el poder,
sino en la existencia de un diseño institucional que ofrece incentivos
permanentes para utilizar la emisión en beneficio del propio gobierno,
trasladando sus costos al conjunto de la sociedad.
Desde esta perspectiva, la cuestión deja de ser si el peso es preferible
al dólar o si el dólar es preferible a cualquier otra moneda. Esas
comparaciones, aunque importantes, permanecen en un plano secundario. La
pregunta verdaderamente decisiva es quién debe decidir qué es dinero.
Si se acepta que el dinero es una institución que emerge de la
cooperación social y que ninguna autoridad dispone del conocimiento necesario
para identificar de antemano cuál será el medio de intercambio más confiable,
la respuesta resulta difícil de eludir. La confianza monetaria no puede
imponerse mediante decretos; solo puede surgir de las decisiones libres de
millones de individuos que coordinan sus expectativas en el mercado.
La discusión argentina sobre la dolarización adquiere así un significado
más amplio. Constituye un paso relevante porque limita la posibilidad de
repetir un patrón histórico de abuso monetario. Pero también recuerda que la
libertad monetaria comienza allí donde el Estado deja de imponer una moneda y
reconoce el derecho de las personas a elegir aquella que merece su confianza.
En última instancia, esa es la verdadera enseñanza que ofrece el caso
argentino. Las instituciones más valiosas no son aquellas que confían en la
prudencia de quienes gobiernan, sino las que reconocen los límites del poder y
del conocimiento humanos. Del mismo modo que una sociedad libre no necesita que
el Estado decida qué bienes producir, qué precios establecer o qué contratos
celebrar, tampoco necesita que determine qué dinero merece la confianza de sus
ciudadanos.
La pregunta inicial adquiere así todo su sentido. ¿Quién debe decidir
qué es dinero? La tradición inaugurada por Carl Menger y desarrollada por
Friedrich A. Hayek ofrece una respuesta inequívoca: no el gobierno, no el banco
central y no un comité de expertos. En una sociedad libre, esa decisión
corresponde a los propios individuos, cuyas elecciones, coordinadas
espontáneamente en el mercado, constituyen el único procedimiento compatible
tanto con los límites del conocimiento humano como con el principio de libertad.
El lector encontrará un
desarrollo más amplio de las ideas aquí expuestas en los siguientes artículos
del autor:
Carl Menger y el abandono de toda política monetaria: una
inspiración para la Argentina.
Carl Menger y la reforma del régimen monetario argentino.
Ignacio Delfino
