Ignacio Delfino
Ignacio Delfino. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.
La Argentina no sólo es rehén de las
malas decisiones de sus gobiernos pasados. También lo es de la incertidumbre
que generan sus posibles gobiernos futuros. El presente económico del país se
explica tanto por la memoria de sus errores como por la desconfianza respecto
de su porvenir.
Décadas de inflación, déficit fiscal, regulaciones asfixiantes, privilegios
corporativos y una progresiva erosión del derecho de propiedad explican buena
parte de la decadencia argentina. Sin embargo, ese diagnóstico resulta
incompleto. Los inversores no toman decisiones mirando únicamente lo que
ocurrió, sino anticipando lo que probablemente ocurrirá. En definitiva, el
verdadero desafío argentino no consiste solo en corregir la herencia recibida,
sino en hacer creíble que las reglas que hoy intenta consolidar el gobierno de
Javier Milei sobrevivirán a las próximas administraciones.
Las economías se construyen sobre las expectativas del futuro. Cada inversión
de largo plazo, cada proyecto minero, energético, industrial, agropecuario o
vinculado a nuevas tecnologías, cada adquisición de tierras y cada contrato
relevante incorporan una pregunta inevitable: ¿seguirán vigentes las reglas
actuales cuando cambie el gobierno?
Esta es, probablemente, la principal restricción institucional que enfrenta hoy
la Argentina. El problema no consiste únicamente en haber acumulado malas
políticas durante décadas. Consiste en la capacidad del país para convencer a
quienes invierten, producen o generan empleo de que las buenas políticas sobrevivirán
al próximo recambio de gobierno. Allí donde las reglas dependen de mayorías
circunstanciales y no de instituciones sólidas, el futuro se vuelve incierto y
esa incertidumbre termina condicionando todas las decisiones del presente.
Desde esta perspectiva, Javier Milei enfrenta un desafío que trasciende
ampliamente la estabilización macroeconómica. No gobierna únicamente bajo la
sombra del pasado. Gobierna, además, bajo la incertidumbre del futuro.
Los inversores no descuentan solamente las decisiones del gobierno actual.
También evalúan la probabilidad de que las futuras alternativas de gobierno
restablezcan controles, reconstruyan privilegios, alteren nuevamente los
derechos de propiedad o reviertan las reformas que hoy comienzan a
implementarse. El éxito de las políticas presentes depende, en buena medida, de
la confianza que inspire su permanencia. Cuando esa confianza es escasa,
las inversiones también lo son.
Los acontecimientos de la última semana, ocurridos durante el tratamiento en el
Senado del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada,
ilustran con claridad esta realidad. El propio Poder Ejecutivo debió retirar,
sin siquiera someterlo a votación, el capítulo que buscaba flexibilizar la Ley
de Tierras Rurales —la norma que limita al quince por ciento la participación
extranjera en la titularidad de tierras rurales— después de comprobar que no
contaba con los votos necesarios ni siquiera para la versión atenuada que
elevaba ese tope al veinticinco por ciento.
Que el oficialismo haya debido resignar primero la eliminación completa del
límite, luego un techo intermedio y, finalmente, el capítulo entero, antes de
que el Senado llegara a pronunciarse, revela mucho más que una concesión
política: revela que una parte importante de la dirigencia política continúa
considerando legítimo que el Estado determine quién puede comprar una propiedad
según la nacionalidad del adquirente y que ni siquiera el Gobierno impulsor de
la reforma logra sostener esa convicción con el respaldo de sus propios
aliados.
Sin embargo, la Constitución de 1853 entendía exactamente lo contrario. Sus
artículos 20 y 25 reconocieron a los extranjeros el derecho de adquirir, poseer
y enajenar bienes raíces en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos,
y prohibieron expresamente al Gobierno federal restringir la inmigración de
quienes vinieran a trabajar la tierra, desarrollar las industrias o introducir
conocimientos. Aquella generación comprendía que la riqueza de una nación no
depende del origen del propietario, sino de su capacidad para atraer personas,
capitales y talento.
El argumento de la "soberanía sobre los recursos estratégicos"
tampoco resiste un análisis riguroso. Ningún recurso deja de ser argentino
porque cambie la nacionalidad de quien lo explota. La tierra permanece donde
estaba, sujeta a la ley argentina; los minerales continúan en el subsuelo y los
hidrocarburos no abandonan el territorio nacional. Lo que cambia es la
posibilidad de incorporar inversión, tecnología y conocimiento para
transformarlos en riqueza.
La historia argentina ofrece una refutación contundente a quienes desconfían de
la participación extranjera. Si la Argentina de fines del siglo XIX hubiera
impuesto restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros
como las que rigen hoy, difícilmente habría podido atraer el volumen de
inmigración, capital y conocimientos que hicieron posible su extraordinario
proceso de expansión económica. La apertura a quienes venían a invertir,
producir y poblar el territorio fue una condición esencial de ese éxito, no una
amenaza para su soberanía.
Resulta significativo que, en medio de esa negociación por la Ley de Tierras,
el propio Ejecutivo haya apelado ante el Senado a los mismos artículos 20 y 25
de la Constitución de 1853 para sostener que la norma vigente es
inconstitucional. El argumento coincide con el que aquí se sostiene, pero su
sola necesidad —invocar a la generación fundadora para legitimar una reforma
contemporánea— confirma cuán débil es hoy el consenso sobre un principio que
aquella daba por evidente.
Este episodio envía una señal que trasciende ampliamente sus efectos
inmediatos. Informa a quienes deben comprometer capital durante las próximas
décadas que las reformas actuales todavía no cuentan con el respaldo
institucional suficiente para garantizar su continuidad. La necesidad de
implementar el RIGI y Super RIGI son prueba de ello. La incertidumbre no
proviene únicamente de las variables económicas; proviene, sobre todo, de la
fragilidad política de las reglas.
Esa es la diferencia fundamental entre las naciones prósperas y aquellas que
permanecen atrapadas en el estancamiento. Las primeras consiguen que las reglas
sobrevivan a los gobiernos. Las segundas obligan a reconstruir la confianza cada
vez que cambia la administración. Allí donde las instituciones son fuertes, el
futuro se convierte en un activo. Allí donde son débiles, el futuro pasa a ser
un riesgo.
En consecuencia, el verdadero desafío argentino no consiste únicamente en
equilibrar las cuentas públicas, estabilizar la moneda o reducir el tamaño del
Estado. Consiste en construir instituciones que vuelvan extraordinariamente
costoso para cualquier gobierno futuro deshacer las reglas que permiten crear
riqueza. Mientras la propiedad privada, la libertad contractual y la
competencia dependan de la identidad del próximo presidente, Argentina seguirá
pagando una elevada prima de desconfianza.
Porque las sociedades no prosperan cuando confían en un gobierno. Prosperan
cuando confían en que las reglas sobrevivirán a todos los gobiernos.
