Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Miembro de Número de la Academia Nacional de Educación, ejerce el cargo de Profesor Titular de la Universidad del CEMA. Es Director Ejecutivo del UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society. El Dr. Zablotsky es Miembro de la Mont Pelerin Society, del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, y de la Fundación Atlas (Argentina). Centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y las políticas públicas llevadas a cabo en el área educativa en nuestro país. Premio a la Libertad 2016 por parte de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Una de las
falacias más frecuentes en la discusión sobre el proyecto de Ley de Libertad
Educativa puede resumirse en dos palabras: vouchers educativos. El hecho no
sólo empobrece el debate, sino que tampoco refleja el contenido del proyecto,
que no se limita a un instrumento de financiamiento.
Su eje es más
amplio: reconocer la libertad educativa, el derecho de las familias a elegir y
la posibilidad de que el financiamiento público acompañe esa elección mediante
distintos mecanismos.
Países Bajos
ofrece un ejemplo especialmente útil para comprender esta diferencia. Solemos
asociarla con bicicletas, tulipanes, molinos de viento, tierras ganadas al mar
y una compatriota que se convirtió en reina hace más de una década. Mucho menos
conocemos una de sus características institucionales más singulares: un sistema
educativo en el cual la libertad de elección de las familias convive, desde
hace más de un siglo, con diversidad de escuelas, financiamiento público y
supervisión estatal. No se trata de un sistema de vouchers. Las familias no
reciben un vale para pagar la escuela.
El sistema
neerlandés descansa sobre una regla constitucional. Bajo el artículo 23 de la
Constitución, el Estado financia en igualdad de condiciones a escuelas públicas
y privadas, siempre que cumplan exigencias como número mínimo de alumnos y
horas de clase.
La Inspección de
Educación de los Países Bajos resume esa libertad en tres dimensiones: fundar
escuelas, organizar la enseñanza y definir los principios religiosos,
ideológicos o pedagógicos de cada institución. No se trata sólo de que los
padres puedan elegir entre escuelas existentes. También se reconoce que la
sociedad civil puede crear instituciones con proyectos diversos, dentro de
reglas comunes.
El financiamiento
confirma la misma idea. Eurydice, la base europea de información sobre sistemas
educativos, señala que las escuelas primarias reciben un presupuesto mediante
un modelo de suma global, destinado a financiar personal, funcionamiento y
materiales educativos. La lógica no es la de un voucher entregado a la familia,
sino la de un financiamiento público que reconoce instituciones diversas.
La escala del
sistema muestra que no se trata de un rasgo marginal. La OCDE informa en
Education at a Glance 2025 que, en los Países Bajos, el financiamiento público
representa el 88,2% de los recursos destinados a la educación primaria,
secundaria y postsecundaria no terciaria.
A su vez, otra
revisión de la OCDE del mismo año muestra la magnitud del sector privado
financiado por el gobierno: en 2023, las escuelas privadas concentraban el 70%
de la matrícula primaria, el 74% de la secundaria inferior y el 92% de la
secundaria superior.
La libertad
educativa en los Países Bajos no nació como una reforma con criterio
economicista. Tiene su origen en un largo conflicto, conocido como la cuestión
escolar, en el cual familias y comunidades católicas y protestantes reclamaron
igualdad de trato frente al Estado.
El problema era
concreto: si el Estado financiaba sólo a la escuela pública, quienes elegían
una escuela acorde con sus convicciones debían afrontar un costo adicional,
además de contribuir con sus impuestos al sostenimiento del sistema. La
libertad existía formalmente, pero no en condiciones equivalentes.
El compromiso
constitucional de 1917 resolvió ese conflicto al reconocer la igualdad de
financiamiento entre escuelas públicas y privadas que cumplieran los requisitos
legales.
La relevancia de
Países Bajos para el debate argentino no reside en presentarla como un sistema
perfecto ni en usarla como prueba de desempeño escolar. Su interés es
institucional. Muestra que la libertad educativa puede convivir con
financiamiento público, escuelas estatales y privadas reconocidas, reglas
comunes y supervisión, sin que ello implique necesariamente un sistema de
vouchers.
Esa experiencia
ayuda a leer con mayor precisión el proyecto de Ley de Libertad Educativa. El
proyecto no presenta al voucher como única forma de apoyo a las familias. Por
el contrario, contempla un conjunto amplio de instrumentos: vales, bonos,
becas, créditos fiscales, asignaciones a familias o alumnos, asignaciones a
instituciones estatales y privadas, y partidas especiales de equidad e
innovación.
También prevé que
las asignaciones a instituciones consideren la cantidad de alumnos, las
condiciones socioeconómicas, la discapacidad, la ruralidad y la transparencia
en la gestión.
Por eso, discutir
la ley como si fuera simplemente una ley de vouchers es, como mínimo, perder de
vista su contenido principal.
Países Bajos no
ofrece una receta para copiar. Ofrece algo más útil: una experiencia vigente
que ayuda a distinguir el instrumento del principio. El voucher es apenas una
herramienta posible. La cuestión de fondo es si el financiamiento público debe
quedar atado a la oferta estatal o si puede también acompañar la elección
educativa de las familias, tal como lo contempla el proyecto de Ley de Libertad
Educativa.
Publicado en diario Perfil.
