En Crisis y Leviatán, Robert
Higgs plantea una tesis que se ha convertido en una referencia fundamental para
comprender el crecimiento del Estado: las grandes crisis —guerras, depresiones
y emergencias nacionales— tienden a ampliar extraordinariamente sus funciones y
su autoridad. El mecanismo fundamental es el ratchet effect, o efecto
trinquete: durante una crisis, el Estado avanza rápidamente y, una vez superada
la emergencia, puede producirse cierto retroceso, pero una parte de las nuevas
facultades permanece. Las instituciones creadas durante ese proceso generan
beneficiarios, burocracias e intereses organizados capaces de resistir su
posterior eliminación. El resultado es un nivel de intervención estatal
superior al que habría existido sin la crisis.
La Argentina de 2023 representaba una expresión extrema del
agotamiento del modelo estatista: inflación extraordinariamente elevada,
déficit crónico, endeudamiento, controles, subsidios y una extensa red de
regulaciones. La llegada de Javier Milei al Gobierno permite explorar una
posibilidad inversa: que una crisis profunda, en lugar de desencadenar una
expansión duradera del poder estatal, pueda abrir una ventana para reducir su
tamaño y, sobre todo, su ámbito de actuación.
La cuestión no consiste simplemente en plantear una dinámica
inversa a la descrita por Higgs. Una misma crisis puede ser aprovechada por una
ideología estatista para ampliar el Leviatán o, bajo determinadas condiciones,
por una ideología antiestatista para cuestionar las estructuras acumuladas
durante su expansión.
En términos esquemáticos:
crisis + ideología estatista → efecto trinquete
expansionista
crisis + ideología antiestatista → posibilidad de reversión
del trinquete
La experiencia argentina permite, por tanto, examinar qué
condiciones podrían hacer posible esa segunda dinámica.
Más allá del ajuste fiscal
Este punto resulta esencial para evaluar adecuadamente la
experiencia argentina. El Gobierno de Milei ha reducido significativamente el
gasto y el déficit, y ha iniciado un proceso de reducción del empleo público.
El sector público nacional registró superávit financiero en 2024 y 2025 y ha
mantenido resultados positivos durante 2026. También se han eliminado
organismos, cargos y estructuras administrativas.
Pero el interrogante decisivo es más profundo: ¿ha
disminuido también la autoridad efectiva del Estado sobre las decisiones de
individuos y empresas?
La política de desregulación permite responder mejor a esta
pregunta. El Gobierno ha impulsado la eliminación o modificación de miles de
normas y artículos. Si estas reformas reducen de manera permanente la capacidad
de funcionarios y organismos para autorizar, regular o controlar actividades
anteriormente sometidas a su intervención, entonces no estamos únicamente ante
una política de austeridad fiscal, sino ante una reducción del scope, o
ámbito de actuación, del Estado.
La distinción es importante. El tamaño del Estado puede
aproximarse mediante indicadores como el gasto, los ingresos o el empleo
público; su alcance exige observar hasta qué punto las decisiones económicas
permanecen en el ámbito del mercado y de la cooperación voluntaria o, por el
contrario, son desplazadas hacia la esfera de decisión de los funcionarios. Un
Estado puede gastar relativamente poco y, sin embargo, intervenir ampliamente
mediante permisos, prohibiciones, regulaciones y controles. Del mismo modo,
puede reducir el gasto sin alterar sustancialmente esa capacidad de
intervención.
Por ello, el significado de la llamada «motosierra» no debe
medirse únicamente por el ahorro presupuestario. También importa determinar qué
funciones están siendo eliminadas, cuáles han dejado de estar sometidas a
regulación y cuáles están siendo devueltas a mecanismos de mercado y decisiones
descentralizadas. Del mismo modo, habrá que observar cuáles estructuras
simplemente están cambiando de forma y podrían generar nuevas modalidades de
intervención en el futuro.
Los primeros resultados permiten plantear una hipótesis
favorable. Según el INDEC, el nivel de actividad económica, medido por el EMAE,
aumentó un 6,7 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y un 3,5 % entre
diciembre de 2024 y diciembre de 2025, después de más de una década marcada por
el estancamiento y la pérdida de ingreso por habitante. Las proyecciones
disponibles apuntan asimismo a una continuidad del crecimiento. La pobreza,
tras el fuerte aumento inicial asociado al sinceramiento de precios y a la
corrección de los desequilibrios acumulados, habría descendido posteriormente
hasta niveles cercanos al 28 %.
También resulta relevante la composición del crecimiento.
Sectores vinculados con la energía, la minería, la agroindustria y las
actividades orientadas a la exportación de servicios, materias primas y
manufacturas muestran una expansión particularmente intensa. Las exportaciones
han aumentado a un ritmo muy superior al del producto desde 2023.
Si esta tendencia se afianza, la experiencia argentina
ofrecerá un argumento relevante desde una perspectiva de economía de mercado:
reducir el alcance del Estado no implica necesariamente retraer la actividad
económica. Puede, por el contrario, modificar los incentivos, reducir costes de
transacción y barreras de entrada y permitir que el proceso de descubrimiento
empresarial determine qué actividades son capaces de expandirse.
Cuando el Estado deja de decidir de antemano quién puede
producir, en qué condiciones y bajo qué reglas, una mayor parte de ese proceso
queda en manos de empresarios y consumidores. La prueba definitiva, sin
embargo, será la persistencia de estas transformaciones y su traducción en
aumentos sostenidos de productividad, inversión y salarios reales. La
relevancia de la reforma reside precisamente en esa posibilidad: no solo
reducir el gasto público, sino devolver progresivamente al mercado la capacidad
de coordinar decisiones que durante décadas estuvieron condicionadas por la
intervención estatal.
La sociedad que perdió dinamismo
Tyler Cowen, en The Complacent Class, introduce una
dimensión que amplía este análisis. Su tesis describe una sociedad progresivamente
más aversa al riesgo, al cambio y a la experimentación. La búsqueda de
seguridad y comodidad puede producir efectos colectivos no deseados: menor
movilidad, menor creación empresarial, restricciones que dificultan la
construcción y la movilidad residencial, menor dinamismo y una creciente
resistencia a modificar el statu quo. Aunque Cowen analiza una sociedad
desarrollada como la estadounidense, en la que estos factores pueden reducir
los incentivos al riesgo y al cambio, en Argentina mecanismos como los
subsidios, la protección y la intervención estatal pueden haber desempeñado una
función parcialmente análoga, al reducir los incentivos a la movilidad, la
experimentación y la iniciativa empresarial.
La movilidad física que Cowen identifica como expresión del
deseo de cambiar encuentra en Argentina una traducción territorial precisa. El
conurbano bonaerense concentra una cuarta parte de la población nacional en
apenas el 1 % del territorio nacional. Aunque esta concentración responde a
múltiples factores, durante décadas estuvo acompañada por subsidios, protección
industrial y centralización fiscal que contribuyeron a concentrar oportunidades
y recursos en zonas y actividades dependientes de la mediación política, en
lugar de orientarlos hacia nuevas oportunidades productivas.
La desregulación y la apertura en curso podrían comenzar a
alterar esa estructura. El desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta,
concentrado en Neuquén y extendido a Río Negro y Mendoza; la minería del litio
y el cobre en el NOA y Cuyo; y la agroindustria pampeana están reforzando polos
de actividad fuera de los grandes centros tradicionales. Si estas tendencias se
consolidan, podrían favorecer una mayor movilidad del capital y del trabajo
hacia las regiones donde aparezcan nuevas oportunidades empresariales.
La tesis de Cowen permite, además, formular una hipótesis
previa a la crisis política: la estabilidad puede contener las semillas de su
propia crisis. Cuando una sociedad posterga sistemáticamente el cambio, las
tensiones no desaparecen, sino que se acumulan. Endeudamiento, estancamiento,
pérdida de movilidad e incapacidad institucional para adaptarse terminan
generando presiones favorables a la transformación.
Desde esta perspectiva, el problema argentino no habría sido
únicamente el crecimiento del Estado, sino la consolidación de un sistema que
redujo progresivamente los incentivos al dinamismo privado y utilizó la
intervención pública para administrar las consecuencias de ese estancamiento.
Milei puede interpretarse así no solo como un reformador fiscal, sino como la
reacción política frente a un sistema que había perdido capacidad de renovación
y convertido la intervención estatal en sustituto de la iniciativa empresarial.
La conexión con los resultados económicos es entonces
directa. Si la desregulación, la apertura y la reducción de distorsiones
permiten que capital y trabajo se desplacen hacia actividades más productivas y
competitivas internacionalmente, la reducción de la intervención estatal
estaría alterando los incentivos que determinan la asignación de recursos.
Una sociedad puede escapar de la complacencia no solo
mediante una reducción cuantitativa del Estado, sino recuperando la disposición
a experimentar, invertir, asumir riesgos y permitir que nuevas actividades
desplacen a las protegidas por el sistema anterior. Esta es una de las
intuiciones fundamentales de la perspectiva del orden espontáneo: el dinamismo
económico no necesita ser diseñado desde arriba, sino que emerge de millones de
decisiones descentralizadas de empresarios, trabajadores, consumidores e
inversores que responden a precios, pérdidas, beneficios y oportunidades.
De la complacencia al cambio ideológico
Cuando el sistema existente deja de ofrecer una visión
convincente del futuro, aparece un vacío ideológico. La complacencia puede
persistir mientras el statu quo parezca capaz de reproducirse
indefinidamente; cuando deja de hacerlo, emerge una demanda de cambio ante una
notoria falta de protección que puede adoptar direcciones muy diferentes.
Esto ayuda a comprender por qué una propuesta radicalmente
antiestatista pudo adquirir una fuerza electoral inesperada en Argentina. La
pregunta relevante deja de ser simplemente «¿por qué los argentinos
aceptaron reducir el Estado?» para convertirse en otra más profunda: «¿por
qué dejaron de considerar deseable el Estado que tenían?»
Cabe matizar, sin embargo, el carácter de ese giro. Buena
parte puede explicarse por un hartazgo profundo hacia la clase política
tradicional, que encontró en un outsider ajeno a esa dirigencia el
vehículo para expresar su rechazo. Que ese outsider canalizara dicho
hartazgo mediante una propuesta explícitamente antiestatista no permite asumir
que toda la sociedad haya adoptado esa cosmovisión; una parte importante del
electorado pudo haber votado, ante todo, contra la deriva estatista del statu
quo, antes que por una convicción libertaria plenamente internalizada.
La experiencia argentina permite así conectar las
intuiciones de Higgs y Cowen. El primero explica cómo una crisis puede ampliar
el poder estatal y plantea, implícitamente, el problema de las condiciones que
permitirían revertir ese proceso. El segundo ayuda a comprender por qué una
sociedad que ha perdido dinamismo puede terminar cuestionando el equilibrio
político y económico que había llegado a considerar normal.
De esta convergencia surge una secuencia analítica:
estancamiento → pérdida de legitimidad → crisis → cambio
ideológico → oportunidad política → reforma institucional → recuperación del
dinamismo
La hipótesis es que una crisis económica y política, cuando
coincide con una transformación de las preferencias sociales, puede abrir una
ventana para que ideas hasta entonces marginales se conviertan en fundamento de
una reforma institucional.
El Estado y sus propios defensores
La expansión estatal no es solamente obra de burócratas. Las
emergencias también pueden ser aprovechadas por actores privados en beneficio
propio. Cada nueva regulación, subsidio, protección o transferencia crea
potencialmente beneficiarios con incentivos para conservarla. Una reducción
duradera del Estado debe, por tanto, enfrentarse tanto a la burocracia como a
los intereses organizados que se han adaptado al sistema.
Este mecanismo es central para la economía política. Cuando
una regulación proporciona un beneficio concentrado a un grupo y distribuye sus
costes entre millones de individuos, quienes reciben el beneficio tienen mayores
incentivos para defenderlo que quienes soportan el coste para organizarse
contra él. De este modo pueden acumularse privilegios, regulaciones y
transferencias que sobreviven incluso cuando han dejado de cumplir la finalidad
con la que fueron justificadas.
La resistencia a las reformas argentinas ilustra esta
dificultad. Cada organismo eliminado, regulación derogada o privilegio reducido
afecta intereses concretos que tienen incentivos para reconstruir las
estructuras anteriores. De ahí que el objetivo de una liberalización duradera
no pueda limitarse a eliminar gasto u organismos: debe modificar los incentivos
que hacen políticamente rentable su reconstrucción.
Esta es probablemente una de las mayores dificultades de
cualquier proceso de liberalización. Reducir una intervención puede ser
relativamente sencillo; impedir que los grupos beneficiados por ella vuelvan a
organizarse para recuperarla exige alterar las condiciones institucionales que
favorecieron su aparición.
La prueba decisiva: el Estado después de Milei
Aquí aparece la cuestión decisiva: aunque Milei reduzca
considerablemente el Estado, ¿qué impedirá que un futuro gobierno vuelva a
expandirlo? Si las reformas pueden revertirse fácilmente mediante nuevas leyes,
políticas de gasto, regulación o emisión monetaria, estaríamos ante un
retroceso temporal y no ante un cambio de equilibrio. Por ello conviene
distinguir tres niveles de éxito: victoria administrativa, expresada en
menos gasto, funcionarios y organismos; victoria económica, reflejada en
mayor inversión, productividad, crecimiento y salarios reales; y, finalmente, victoria
institucional, cuando las condiciones creadas hagan más difícil reconstruir
el Leviatán. Las dos primeras dimensiones pueden comenzar a observarse, aunque
sus resultados deberán seguir evaluándose con perspectiva. La tercera será la
prueba decisiva.
El éxito histórico de Milei no consistirá simplemente en
dejar un Estado más pequeño al finalizar su mandato, sino en modificar las
condiciones que permitan a futuros gobiernos reconstruirlo. De la lectura
conjunta de Higgs y Cowen surge así una hipótesis susceptible de ser sometida a
prueba: una reversión del trinquete puede producirse cuando coinciden una
crisis suficientemente profunda, un cambio ideológico, una demanda social de
mayor dinamismo, un liderazgo político capaz de convertir esa demanda en una
coalición y, finalmente, la institucionalización de las reformas.
La consolidación de este cambio de equilibrio dependerá,
finalmente, de reformas cuyo coste de reversión aumente con el tiempo. En un
segundo mandato de gobierno de Javier Milei, la dolarización y la
eliminación de toda política monetaria generarían una irreversibilidad
principalmente económica; la capitalización previsional, una amplia base
de propietarios de activos con interés en preservar el sistema y consolidar el
mercado de capitales; la intensificación del proceso de
privatizaciones, una reducción de la propiedad estatal sobre empresas y
activos estratégicos y una transferencia duradera de recursos y actividades al
sector privado; los mecanismos de invariabilidad tributaria, una mayor
irreversibilidad jurídica y reputacional; y una mayor integración comercial
y financiera, una irreversibilidad derivada de los costes crecientes de
desvincularse de las redes internacionales. El elemento común sería que la
reforma no se limitara a reducir temporalmente la intervención estatal, sino
que creara instituciones, activos, contratos e intereses privados que elevaran
progresivamente el coste político y económico de reconstruir el antiguo
Leviatán.
La perdurabilidad de este entramado institucional
requeriría, en caso de alcanzarse en el Congreso la mayoría necesaria para
declarar la necesidad de una reforma constitucional, establecer límites
estrictos al crecimiento del gasto y al endeudamiento público, haciendo
permanente la disciplina fiscal y reduciendo la capacidad del Estado de
reconstruir su tamaño mediante deuda. A ello debería sumarse el fortalecimiento
constitucional de la seguridad jurídica y la protección de los derechos de
propiedad, elevando los costes institucionales de la discrecionalidad
administrativa, así como restricciones a la capacidad estatal de asignar rentas
mediante regulaciones, subsidios, barreras de entrada o privilegios sectoriales.
Si estas condiciones llegaran a consolidarse, la experiencia
argentina trascendería el ajuste fiscal y la estabilización macroeconómica.
Podría constituir un caso histórico de reversión del proceso descrito por
Higgs: una crisis que, en lugar de ampliar permanentemente el Leviatán, abrió
una oportunidad para reducir su tamaño y alcance y devolver a la sociedad una
parte sustancial del espacio de decisión ocupado durante décadas por el Estado.
Ignacio Delfino
