La
última marcha universitaria del 15 de octubre, que reunió a una multitud frente al Congreso
de la Nación, volvió a poner de manifiesto la profundidad del conflicto entre
el Gobierno y distintos sectores de la comunidad educativa. El debate central
fue el financiamiento de las universidades, la calidad de la enseñanza y el
futuro de la educación superior.
La universidad pública argentina constituye
una de las instituciones más valiosas del país, pero no tiene sentido
defenderla mediante la violencia en vez de debatir civilizadamente y con
seriedad. Romper bancos para arrojar piedras, dañar veredas o enfrentarse
violentamente con las fuerzas de seguridad no mejora el presupuesto
universitario, no eleva el nivel académico ni resuelve los problemas de los
estudiantes, por el contrario, desmaya los argumentos y los reemplaza por la
confrontación.
Una
sociedad democrática debe distinguir entre el derecho a protestar y el supuesto
derecho a imponer una posición mediante la violencia. Esto no significa ignorar
que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad también debe
estar sujeto a investigación cuando existen denuncias de arbitrariedades. Tampoco
sería justo atribuir los actos de unos pocos a todos los que participaron
pacíficamente, pero no deben minimizarse los actos violentos cuando ocurren. Lo
preocupante es que, en la Argentina, con demasiada frecuencia, el
enfrentamiento parece haber desplazado al diálogo como si la cantidad de
personas movilizadas o la magnitud de los destrozos pudieran sustituir a razonar.
Una
democracia madura no se mide por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad
para resolverlos dentro de las normas que todos debemos respetar. La universidad
necesita recursos, autonomía, calidad académica y una discusión seria sobre sus
necesidades y resultados. El Gobierno tiene la responsabilidad de fundamentar
sus decisiones y cumplir las obligaciones legales que le corresponden y los
dirigentes universitarios, sindicales y políticos, por su parte, tienen la
responsabilidad de sostener sus reclamos sin alentar la violencia. Defender
la universidad pública no debe impedir que se investiguen posibles
irregularidades; es razonable exigir transparencia absoluta a las universidades
públicas, porque administran dinero de todos los contribuyentes, también es
razonable exigirle al Gobierno que presente pruebas concretas cuando acusa, y explique
sus decisiones con cifras verificables.
La educación debería ser, por su propia
naturaleza, una escuela de convivencia democrática. Si quienes dicen defenderla
terminan aceptando la violencia como método de acción política, convendría
preguntarnos qué clase de cultura cívica se está cimentando en la universidad. Cuando
la violencia reemplaza a los argumentos, pierde la sociedad entera, como lo
vemos reflejado, más nítidamente, hoy en día, en Francia.
El
Gobierno preocupado por uno de sus objetivos principales, no aumentar el déficit exige controlar cómo se utilizan los fondos
públicos, sostiene que hay que mejorar la transparencia del gasto universitario.
También no está de acuerdo, como buena parte de la sociedad, con la politización de la Universidad,
cuestionando la vinculación política de algunos sectores que convocaron a las
marchas, los que aprovechan cualquier manifestación opositora para intentar
desestabilizar al Gobierno.
El
conflicto también es jurídico porque el Congreso aprobó la Ley de
Financiamiento Universitario: la disputa se centra en su aplicación, los
recursos necesarios y las decisiones judiciales relacionadas. En la mesa de
discusión el Gobierno pone sobre la mesa gastos irregulares, gastos discutibles
y gastos legítimos que considera excesivos. Pretende entonces que se gaste
menos pero garantizando que los estudiantes tengan la oportunidad de terminar
sus carreras, cree que haciendo uso mejor de los fondos podría mejorar la
administración.
Por otro
lado está el tema de las agresiones a las fuerzas de seguridad. Nadie niega que
la policía en oportunidades se excede en su acción, nunca será perfecta ya que
el policía, como cualquier ser humano, se puede equivocar o ser corrupto.
La tarea policial es difícil y muchas veces
peligrosa, tanto física como psicológicamente,
despreciarla o desconocer su necesidad revela una comprensión
insuficiente de la sociedad moderna. Defender la función policial no significa
aprobar todos sus actos, sino reconocer su importancia y exigir que se ejerza
con responsabilidad, dentro de la ley y bajo un control adecuado. Pero es
innegable que sus funciones son necesarias para mantener el orden social y proteger la convivencia.
Si bien,
ninguna sociedad es perfecta ni está libre de conflictos, ello no significa
justificar los abusos policiales, sino reconocer que el problema existe en
todas las instituciones y que lo importante es reducirlo al mínimo posible.
Para ello, hace falta encontrar un equilibrio: si la policía carece de
controles suficientes, aumentan los abusos, pero si se le otorga un poder
excesivo, también crece el riesgo de arbitrariedad. El desafío consiste en
mantener el orden sin renunciar al respeto por la ley y los derechos
individuales; en este equilibrio la responsabilidad principal recae sobre el
poder político, el cual debe establecer controles eficaces, mejorar la
formación policial y evitar que la fuerza pública actúe arbitrariamente.
Creo que
el conflicto entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires podría
empezar a resolverse si ambas partes aceptaran algo fundamental: no tener que
pensar igual para poder llegar a un acuerdo. Si el objetivo es garantizar el
funcionamiento de la universidad pública, cuidar los recursos del Estado y
asegurar que el dinero se utilice correctamente, no sería difícil de lograr
separando las diferencias políticas de los problemas concretos. Ambas partes
tienen parte de razón lo que lo hace menos dificultoso: el Gobierno tiene
derecho a exigir responsabilidad en el uso de los fondos públicos y la
Universidad tiene derecho a defender su autonomía y a reclamar los recursos
necesarios para cumplir sus funciones. La Universidad debería facilitar
información clara, verificable y accesible sobre sus gastos. El Gobierno, por
su parte, debería aceptar auditorías realizadas por organismos competentes e
independientes.
Existe,
además, un punto importante en la situación actual: el 6 de octubre de 2026, un
juez federal ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento
Universitario. Es un problema porque se pone en juego el presupuesto y ello
atenta como dijimos al control del déficit fiscal, objetivo primordial del
gobierno, pero todo se podrìa conversar si hubiera disposición para dialogar en
buenos términos sin descalificaciones de ambas partes. La educación, el buen
uso del dinero público y el respeto institucional deberían ser objetivos
compartidos.