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Mientras Puerto Rico se hunde bajo el peso de US$73.000 millones en deudas del gobierno y sus agencias, sin mencionar los miles de millones más en pasivos de salud y la falta de fondos para las pensiones, su clase política busca una válvula de escape.

Esta salida no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Pero si un juez de una corte de bancarrota aprueba una rebaja contable de, digamos, la mitad de la deuda municipal, eso reduciría la presión fiscal.

Hay un “app” para eso. El problema para Puerto Rico es que obtener esa rebaja requiere un cambio retroactivo en la legislación estadounidense. Si al Congreso de EE.UU. le importa el futuro de Puerto Rico o los cientos de miles de estadounidenses que poseen deuda puertorriqueña, debería simplemente decir que no.

Más de la mitad de la deuda en circulación de Puerto Rico son bonos triplemente exentos de impuestos (local, estatal y federal) emitidos por corporaciones del gobierno. A diferencia de las empresas públicas y las municipalidades en los 50 estados de EE.UU., estos entes no tienen acceso a la protección del Capítulo 9 de la ley de bancarrota estadounidense. Si no logran cumplir con sus obligaciones, enfrentan la liquidación.

En junio pasado, Puerto Rico aprobó una ley para permitir que las corporaciones estatales se declaren en bancarrota. Pero en febrero, un juez estadounidense en San Juan derogó esa ley argumentando que el código de quiebras federal está por encima.

Ahora, Pedro Pierluisi, que representa a Puerto Rico como miembro sin derecho a voto en la Cámara de Representantes de EE.UU., está promoviendo un proyecto de ley para extender a la isla el Capítulo 9 de protección de la bancarrota. Permitir esa ruta a los estados de la unión y no a Puerto Rico es “ilógico e injusto”, me indicó su oficina en un correo electrónico enviado la semana pasada.

Podría haber una buena razón para hacer este cambio si se aplica a nuevas emisiones de bonos y si el gobierno desea pagar la prima de mayor riesgo que implica el abrir paso a la corte de bancarrotas. Pero como lo advirtió el presidente del comité judicial de la cámara baja, el republicano Bob Goodlatte, en una audiencia de un subcomité en febrero, el proyecto de Pierluisi no es “únicamente una ‘reparación’ técnica al código de quiebras”.

Cada una de las empresas del gobierno de Puerto Rico “ha emitido miles de millones de dólares en bonos municipales”, indicó Goodlatte. Si sólo una de ellas se acoge al Capítulo 9, “se clasificaría entre las mayores quiebras municipales de la historia de nuestro país”.

Cuando se emitieron los bonos, las dos partes del contrato sabían que las empresas no tenían acceso al Capítulo 9. Eso significa, según Goodlatte, que “las propuestas que tendrán impacto retroactivamente sobre los derechos de los inversionistas deben ser revisadas con cuidado y cautela”.

Los dueños de casi US$9.000 millones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) parecen estar de acuerdo. El total de bonos en circulación de la empresa es casi cuatro veces más grande que los US$2.200 millones en bonos municipales que Detroit marcó como blanco de rebaja contable cuando solicitó la protección del Capítulo 9 en 2013.

Bajo los términos de los contratos de bonos de la empresa eléctrica, los tenedores de al menos 60% del valor de la deuda en circulación pueden aceptar limitar los términos del contrato para darle a la corporación un alivio sobre el pago de intereses. Ese mínimo de acreedores le ha dado a la empresa un plazo de espera que vence el 4 de junio. La AEE dice que trabaja en un plan de recuperación que presentará a los acreedores el 1 de junio. Si no logran llegar a una solución negociada, la empresa podría enfrentar la quiebra.

La oficina de Pierluisi me dijo que hay un amplio apoyo entre los tenedores de bonos a la propuesta de darle acceso al Capítulo 9 a Puerto Rico. Pero buena parte de ese apoyo, según la misma oficina, parece proceder de los tenedores de bonos de obligación general, los cuales se beneficiarían de una reducción de la enorme deuda total de Puerto Rico.

El año pasado, el gobernador Alejandro García Padilla sugirió que las rebajas contables de las empresas del Estado son necesarias para mantener los servicios públicos. Otra línea de pensamiento indica que es una forma de reducir los costos de la electricidad y estimular la economía. Y si no pago mi tarjeta de crédito de American Express puedo hacer lo mismo por Nueva York el próximo mes.

Sin embrago, no hay evidencia de que los acreedores de la AEE estén añorando el recorte al que podrían tener que someterse bajo el Capítulo 9. O que incluso deseen que la empresa se liquide.

Un grupo de bonistas institucionales —que incluyen a Franklin Advisors y Oppenheimer Funds— que representan 40% de los bonos en circulación y más de 500.000 tenedores de bonos independientes han ofrecido a la empresa un plan de reestructuración para evitar la liquidación. Este incluye un compromiso de inyectar US$2.000 millones en capital para modernizar los equipos de generación eléctrica y recortar los costos. Si la empresa de energía puede mejorar su eficiencia operacional, el grupo cree que su propuesta puede reducir la tarifa de la electricidad de 28 centavos por kilovatio-hora de los últimos años a 22 centavos por kilovatio-hora.

Es poco probable que esta intervención resulte atractiva para la clase política de Puerto Rico, la cual usa la empresa como un tarro de galletas populista. La AEE tiene un historial de cobro desastroso y uno de los deudores más notorios es el propio gobierno. Un informe con fecha de noviembre 15 de 2014 de FTI Capital Advisors halló que la empresa tenía “más de US$200 millones en cuentas por cobrar de empresas públicas, de las cuales 70% tiene más de 120 días en mora”.

La AEE puede pagar a sus acreedores. Protegerla de la reestructuración y simplemente borrar a los bonistas no es ni justo ni lógico.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 4 de mayo de 2015.