Fundación Atlas 1853

La falacia de los derechos

Gustavo Kupfer

Columnista de Fundación Atlas.

Los problemas complejos tienen necesariamente causas del mismo tenor. O sea, no simples.

La crisis en la que vivimos los argentinos no es una excepción a la regla. Pero debemos empezar a desbrozar el bosque e intentar identificar cada una de ellas. Intentemos con una.

La izquierda (mal llamada progresismo, ya que los únicos que progresan son sus dirigentes) pretende hacernos creer que los derechos se crean simplemente con leyes. Sin importar cuan absurdas sean estas.

Por definición, un derecho no puede al ser ejercido, vulnerar el de otro individuo. Es decir, si partimos del ius naturalismo clásico, veremos fácilmente que en el ejercicio de los cuatro derechos básicos se encuentra claramente esta limitación (mis derechos a vivir, a ser libre o al ejercicio de mi propiedad no condiciona de manera alguna ningún derecho de los demás) o bien, mi libre albedrio está condicionado por el marco legal de forma tal de asegurar la prevalencia de los derechos ajenos.

Esto claro, siempre que mi propiedad sea tal dentro del marco de la ley y no como consecuencia de acciones corruptas, sean estas públicas o privadas.

Distinto es el caso de los mal denominados “derechos sociales”, que en realidad no son derechos sino privilegios. Y la diferencia fundamental para hablar de privilegios y no de derechos, es que mientras estos, tal como comentara antes, no afectan de manera negativa a terceros, los privilegios implican por su propia definición, una redistribución de la propiedad privada (un derecho básico), al obligar a un tercero a financiar de manera directa o indirecta, los privilegios en cuestión.

Cuando hablamos del “Derecho a una casa propia” estamos diciendo que quienes pretenden dicho privilegio, lo harán sobre la propiedad de un tercero. Sea una casa, sea una suma de dinero o una cantidad de especies. No importa si lo de manera directa (una expropiación privada) o de manera indirecta a través de las arcas públicas.

De cualquier forma que sea, lo que estará ocurriendo es que un funcionario (de cualquiera de los tres poderes, o de más de uno de ellos), estará afectando el patrimonio de uno o varios integrantes de la sociedad para beneficiar a otro.

Obviamente, es muy difícil pensar que además lo hace de manera desinteresada. Y más difícil aun si se lo hace en la “temporada de caza de votos”. Perdón, de campaña electoral.

De todas formas, más allá que en medio de campañas, las sutilezas son más difíciles de esconder, la definición es si de un “privilegio social”, hace que su otorgamiento, cuando quiera que sea, siempre es sospechoso, en especial cuando se realiza con dineros públicos de manera, que sin afectar el patrimonio de quien otorga, genera una relación de “agradecimiento/ dependencia” desde el receptor.

Casos de la vida diaria.

Intentar hacer un inventario de estas acciones en la historia argentina, sería una tarea ciclópea, sin importar cuan corto sea el plazo de tiempo queramos considerar, si hablamos de años. O de meses.

Pero veamos que ha sucedido en las últimas 24 horas, de forma de demostrar de manera fáctica los conceptos antes mencionados.

CASO 1. En el día de hoy, 14 de Julio de 2017, el Juez en lo contencioso y administrativo de CABA, Martin Furchi, le fijo al gobierno de la Ciudad un plazo máximo de 10 días para que se le encuentre un “alojamiento adecuado” a una transexual en situación de calle, quien sostuvo que sufre discriminación y no consigue trabajo.

El primer punto es, A quien se discrimina? A quien argumenta que no consigue trabajo por su condición de transexual, situación que tuvo la libertad de elegir, o a todos aquellos que sin ser transexuales, tampoco consiguen trabajo? O es acaso que se debe ser transexual para para captar la atención de la justicia?

El segundo punto es, Porque la Ciudad debe hacerse cargo de darle un alojamiento adecuado a una persona, que más allá de su condición sexual, se encuentra en “situación de calle” (eufemismo de sociólogo) por su falta de trabajo y no preocuparse de todo el resto de la sociedad. Finalmente, parece que el premio de estar en la calle es obtener lo que muchos otros solo logran alquilando y resignando una importante parte de sus ingresos, muchas veces sin lograr jamás ser propietarios de nada. Otra vez, acaso se debe ser indigente para llegar a ser propietario? Cuando valoraremos el esfuerzo realizado por aquellos que nunca piden nada al estado mas que seguridad?

Tercero, no está claro que es un “alojamiento adecuado”. Queda a discreción del funcionario de turno su definición e implementación? Hasta donde se pueden estirar (mejor dicho, vaciar) las arcas públicas, que tanto nos cuesta a los contribuyentes, llenar?

Quizás, alguna vez los funcionarios que (mal) elegimos, se den cuenta que no pagamos impuestos para que hagan con ellos lo que mejor consideren para sus carreras personales, sino para obtener una seguridad, educación y salud publica, que bien nos vendría no tener que pagar, adicionalmente a los impuestos de manera privada.

Finalmente, los impuestos no deben ser utilizados para asegurar carreras políticas, sino para mejorar la calidad de los ciudadanos, que no somos solamente contribuyentes.

PepsiCo

Con apenas algunas diferencias de horas, un caso típico del abuso de las leyes que suele hacer la política nos muestra porqué no hay (¿habrá?) inversiones en la Argentina.

La Cámara del fuero laboral acaba de obligar a la empresa Pepsi Co a retomar a una cantidad de empleados despedidos con motivo de una reubicación de la planta de San Martin.

Veamos. Por el lado del empleo, lo que parece justo (evitar un despido) termina siendo el peor remedio para la enfermedad que se intenta evitar: El desempleo.
Al obligar a una empresa a no poder controlar sus gastos, entre ellos su plantilla de empleados, lo único que se logra es, asustar a los únicos empleadores genuinos.

Acá hagamos un paréntesis. Sin intentar descalificar el empleo público, está claro que el estado no hace crecer la economía, no aporta nueva tecnología, ni mejora la productividad. Es un sector de puro gasto, por lo que, si bien su existencia nadie discute, su excesivo tamaño, quita recursos privados que son los únicos que realmente hacen crecer a una nación.

Dicho esto, si el sector privado se siente amenazado en su libertad de administrar sus recursos (y los recursos humanos son costos no menores en la estructura de costos de una empresa), la única consecuencia ineludible es que la incorporación de nuevos empleados será solo en caso de fuerza mayor, tratando de maximizar los RRHH ya incorporados, a través de horas extra. Dicho de otra forma, hay 10 empleados que hoy estarán contentos . . . y muchos miles que, en el futuro cercano, no encontraran la oportunidad de emplearse de manera formal. Luego, no nos quejemos de la informalidad en la Argentina.

Pero, por otro lado, la falta de libertad en la definición de políticas productivas y/o de costos en las empresas, obviamente no solo dificulta la aprobación de nuevos proyectos de inversión (sea para ampliación de empresas o nuevas) sino que atento la trascendencia del proceso y la firma involucrada, amplifica sus consecuencias negativas en el futuro inmediato.

Un despido tiene en la ley una contrapartida que lo hace legal y es la indemnización. Si una empresa considera que no puede mantener su actual estructura y decide indemnizar a sus empleados, en la medida que cumpla con la ley, esta debería asegurar su libertad de movimiento.

Por la propia naturaleza del capital, ni bien se vea la oportunidad de volver al mercado dejado de lado u otro nuevo, el empresario lo hará incorporando al personal que considere necesario. Claro, siempre que las barreras de salidas no sean infranqueables.

Lo que este juez no se dio cuenta (espero) es que condenó a cientos o miles de potenciales trabajadores a la informalidad, o aun, peor. Al desempleo.

Populismo, demagogia y berretismo judicial son una parte importante de nuestra decadencia.