Con más represión el país caerá
Alejandro A. Tagliavini
Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland (California). Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.



Argentina tiene una historia basada en la represión armada y eso ha formado su “cultura política”. Al contrario de EE.UU. que se inició a con inmigrantes “privados” escapando de la represión religiosa, luego invadidos por las tropas inglesas, el Río de la Plata fue ocupado por un ejército -el español- y, desde entonces, su historia quedó marcada por la represión. Si hasta el líder más popular, Perón, fue un oficial de infantería -compañero en el Colegio Militar de mi abuelo a quién conocía bien- que llegó a la política por un golpe de Estado.
Así, hoy gran parte de la opinión pública y todos los políticos, frente a un problema no atinan a otra cosa que pedir más represión, obviamente, estatal ya que el Estado se arroga el monopolio de la violencia.
Pero la violencia es irracional, quienes la utilizan -siempre “en defensa” nadie, ni de izquierda ni de derecha, admitirá otra cosa- lo hacen por impulsos primitivos, nunca por razones lógicas, como que la ciencia ha demostrado de manera concluyente que los métodos eficientes de defensa son los pacíficos, en tanto que la violencia solo destruye, la represión destruye.
Lo mismo cuando se reprime una protesta social como cuando se reprime al mercado -los millones de argentinos- con el poder de policía estatal, porque toda ley represiva termina cayendo sobre los más humildes. Los impuestos por caso, aun los dirigidos a los ricos, terminan -vía suba de precios, baja de salarios, etc.- cayendo sobre los más pobres.
Una consultora asegura que el Estado “transfirió” a empresas $691.000 millones en “perdones impositivos” desde 2016 restando capacidad para políticas asistenciales. Insólito, en primer lugar, los recursos fueron creados por el mercado -los millones de argentinos- de modo que le pertenecen al pueblo y luego, quitarles a los pobres -por vía impositiva- para devolverles lo que queda, tras pasar por una enorme burocracia, es una ironía.
Alberto Fernández -que irónicamente dice no querer más “ajustes”- pareciera ir hacia el aumento de la represión. Si es así, el país caerá. Por caso, el proyecto de Alquileres promovido por sus huestes, entre otras cosas, llevaría a la actualización anual del precio de los contratos sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).
El partido de izquierda cogobernante en España, Unidas Podemos, propone “intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios”, para que “ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler”.
Un poco más inteligentes que los argentinos, saben que sobrevendrá una caída en la oferta y por ello pretenden crear un “parque de alquiler público mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía, así como la construcción donde sea necesario”. Es decir, más represión -y cada vez más porque la violencia es una bola de nieve- y más gasto estatal que se financia, básicamente, con impuestos.
Cuando para bajar el precio de la vivienda, debe construirse aumentando la oferta, y bajar impuestos, es decir, disminuir la represión sobre el mercado. En Berlín, un acuerdo entre los socialdemócratas, los Verdes y el partido de extrema izquierda Die Linke allana el camino para que se apruebe limitar los alquileres a partir de enero de 2020. Tras el anuncio Deutsche Wohnen, el mayor propietario de Berlín, cayó en la Bolsa 4,6% y Vonovia, la compañía inmobiliaria más grande de Alemania, cedió 1,6%. Es decir, los constructores huyen.
En tanto, el proyecto de Ley de Góndolas pretende “terminar con conductas monopólicas” cuando los monopolios y oligopólios no son naturales en el mercado -entre los millones de argentinos- sino producto de privilegios estatales, precisamente, represión estatal que impide la entrada de competidores.
Por caso, el kirchnerismo propone un 30% de tope de espacio disponible por marca en góndolas. Ahora, en un mercado natural -competitivo, sin represiones estatales- los espacios quedan fijados por las preferencias del consumidor ya que los productos más vendidos son los que más espacio requieren dada su mayor salida. Con lo que esta medida represiva perjudicará al consumidor.
Si quieren más competencia en un sector que ya tiene 270.000 puntos de venta de los cuales 80.000 son aportados por los supermercados, lo que el Estado debe hacer es bajar impuestos y desregular, por ejemplo, los requisitos para habilitar negocios que encarecen inútilmente impidiendo que muchos pequeños comerciantes puedan entrar en competencia.
Por cierto, entre los impuestos que más quieren aumentar están las retenciones. Según FADA, el campo produce el 9,92% del PBI, el 60% de las exportaciones, el 22% del empleo privado, el 10,6% de los impuestos considerados de AFIP. Si lo que pretenden es “castigar” al campo, quítenle los créditos subsidiados de bancos como el Nación que se financian, precisamente, con impuestos.
Subir cargas fiscales provocará una huida de inversiones. Los estudios de abogados no dan abasto elaborando “trust irrevocables” que escapan a la alícuota especial a los Bienes Personales radicados en el exterior y al Impuesto a las Ganancias, mientras muchos ya están cambiando su domicilio fiscal para irse a otro país.


Publicado en Ámbito Finaciero.
 

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