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Hemos asistido, en la última semana, al espectáculo final del paradigma cristinista. Dos compras por internet por año: el Estado nos dice cuántas compras podemos hacer. Gracias, papá. ¿Para qué decidir? Dejemos que el jefe de Gabinete o la Presidente decida por nosotros. Axel Kicillof está convencido: el comunismo fracasó en la Unión Soviética por falta de información y de sistemas. El problema no era el sistema, sino la escasa disponibilidad tecnológica. Ya lo advirtió el juez Bermejo hace casi cien años: cuando el Estado se convierte en juez del abuso, no pasará demasiado tiempo en que se convierta en juez del uso y entonces toda idea de la libertad estará en peligro.

La Argentina se ha convertido en el país de la región con mayor presión impositiva. Uno de cada dos pesos que generan los argentinos que trabajan y producen son gastados, derrochados en su mayor parte, por el Estado. De enero a junio, los argentinos trabajan para mantener la elefantiásica e inútil estructura de gastos de la burocracia.

Sin embargo, en medio de esta enorme expoliación a los ciudadanos que trabajan y producen, la realidad es que tenemos una ausencia total de Estado.

Quizás como nunca quedó demostrado hasta qué punto existe un fenomenal gasto público y una simultánea carencia de Estado como en las inundaciones de abril del año pasado -de las cuales nadie se acuerda- cuando en medio de la tragedia de muertes y pérdidas materiales de decenas de miles de ciudadanos, la enorme mayoría de las autoridades estaban de vacaciones. Una situación similar se volvió a vivir en el pasado fin de año con los cortes masivos de luz que tuvo que soportar la mitad de los argentinos.

Pero mientras tanto, así como el Estado después de diez años de kirchnerismo es incapaz de brindar seguridad, justicia, respuesta ante emergencias y catástrofes, sí, en cambio, las autoridades de la AFIP, la unidad antilavado y el Banco Central han creado una enorme maraña de resoluciones que traban y complican la vida de los argentinos.

Hoy adquirir un automóvil, sacar un crédito, comprar o vender una propiedad se ha convertido en un trámite engorroso que desestimula la acción del comercio, generadora esencial, aquí y en la China de riqueza.

Los argentinos que llegan a Ezeiza son sometidos a humillantes controles aduaneros que parecen una farsa de un control fronterizo propio de un régimen soviético más que de un país democrático. Empleados del organismo fiscal que carecen de autoridad moral para exigir a un ciudadano explicaciones que los funcionarios no podrían ni responder revisan maletas de pasajeros tratados como presuntos contrabandistas, en un ejercicio de poder inadmisible en cualquier régimen republicano.

Cada vez somos más eficientes para controlar la estupidez y más ineficaces para controlar los verdaderos males de este tiempo: el narcotráfico y la corrupción a gran escala que casi emparenta a la Argentina de este tiempo con las peores cleptocracias africanas.

En este túnel del tiempo a los años 80: hoy falta energía. El gobierno de la presidente Cristina Kirchner lo logró: pasó del autoabastecimiento a convertir a la Argentina en importador neto de energía. 15 mil millones de dólares anuales son necesarios para pagar importaciones en esta materia. ¿Es esta también la herencia de la llamada “década ganada“?

Para salir de este estado de cosas, que ya ha alcanzado su paroxismo, hace falta, sin dudas, un cambio de paradigma.

Tendremos que aprender, de una buena vez, que cada peso que queda en manos del Estado -nacional, provincial o municipal- es un peso menos en el bolsillo de cada argentino.

Tendremos que impulsar un cambio estructural que lleve a que los gobiernos provinciales y locales en lugar de pelear por ver cómo se apropian un peso del presupuesto intentar ver cómo favorecen la radicación de empresas productivas en sus jurisdicciones.

Asimismo, tendremos que advertir además que cuando el Estado confisca una empresa, mañana puede nos confiscará a nosotros mismos. Habrá que recordar cuánta razón tuvo el presidente Nicolás Avellaneda cuando recordó que en la República Argentina no hay tal cosa como empresas nacionales o extranjeras sino sociedades constituidas en el país cuyos tenedores de acciones son nacionales o extranjeros, ambos protegidos por igualdad jerarquía de derechos y obligaciones, tal como dispone el artículo 20 de nuestra Constitución.

Asimismo, deberemos aprender de una vez por todas que detrás de atractivos slogans como “vivir con lo nuestro” se esconde el atraso y la postergación. Décadas de prédica de ideas equivocadas, perimidas y comprobadas como erradas en todo el mundo siguen haciendo daño aquí. Prueba de ello es la industria subsidiada de Tierra del Fuego que hace que los argentinos deban pagar precios astronómicos por electrodomésticos de pésima y vetusta calidad para solo beneficiar a “empresarios” socios del gobierno que se enriquecen a costa del atraso tecnológico del país.

Un nuevo paradigma puede encontrarse, simplemente, en el cumplimiento del programa económico de la Constitución Nacional: dar la mayor libertad posible a la iniciativa privada y construir un Estado fuerte en todo lo que sea necesario. Volver al rol subsidiario de un Estado fuerte a través de reglas de juego claras, universales y estables, para que cada ciudadano sepa en qué marco puede desarrollar su vida, su capacidad y la búsqueda legítima del progreso.

Son estas ideas de la libertad y el progreso y no las mentiras del relato oficial del modelo demagogo y bolivariano las que hicieron que a llegaran a la Argentina nuestros antepasados, huyendo de un pasado de postergación en Europa y buscando satisfacer sus legítimos anhelos de progreso en América. Fueron esas ideas y no las que hoy llevan adelante las actuales autoridades las que hicieron de la Argentina un polo de atracción de millones de españoles, italianos, rusos, polacos y tantas otras nacionalidades que en pocas décadas convirtieron el país más atrasado de la región en la nación más próspera del hemisferio sur.