Debe aceitarse el sistema legal

Elena Valero Narváez
Historiadora, analista política y periodista. Autora de “El Crepúsculo
Argentino. Lumiere, 2006. Miembro de Número de la Academia Argentina de Historia.
Ante la crisis económica producida por los gobiernos
argentinos, han aparecido muchos profetas que con gran desparpajo vaticinan
cómo será el futuro. Se alejan de quienes hablan de tendencias y auguran, según el color político de que se trate, el cielo o el infierno. Sin embargo hay una
receta posible: actuar en el presente para intentar que las cosas sean mejores.
Es inútil
lamentar lo que no hicieron presidentes anteriores, deberíamos aprender del
pasado sin proyectarlo para anticipar el futuro. Dejar de escuchar a los falsos
profetas que tratan de adelantarse a su tiempo.
Hoy en día se
necesita inspirar confianza en la marcha del país para que haya entusiasmo por invertir, pero los
inversores no deben manejarse en base a privilegios que afectan la esencia del sistema capitalista sino con
una política igualitaria. Para ello el marco legal y su buen funcionamiento es imprescindible, el
sistema capitalista se basa en la estabilidad de los negocios. Se debe orientar
la acción según principios aplicables a todos, atenuando la discriminación
jurídica, lo más posible.
La sociedad
moderna ha llevado a sus posibilidades
extremas la igualdad, cuya expresión
básica y más notable es la igualdad ante la ley. En este país se intenta afectar la garantía de imparcialidad. La intervención
del gobierno actual pretende olvidar que las
normas no discriminan entre grupos,
instituciones, individuos, o estratos,
a los efectos de su aplicación futura. Todos deben ser convocados a su
cumplimiento con iguales posibilidades para reclamar sus beneficios o para
someterse a sus imposiciones.
El Presidente y la Vicepresidente, son abogados, por lo que el intento de pasar por encima de
las normas, no es por desconocimiento, es clara la intención de ignorarlas por
conveniencia, si por las leyes fuera,
varios funcionarios deberían estar en la cárcel. Saben, de memoria,
que la igualdad ante la ley
aparece como norma suprema para crear un ámbito de equidad, en el momento de dirimir los conflictos que
generan las desigualdades, a fin de neutralizarlas, en lo posible. Esta instancia arbitral no
será en ningún caso infalible o
perfecta, habrá grados de corrección y acierto pero si no se respeta,
en una sociedad democrática,
acecha el caos.
Al no aceptar, el Gobierno, el principio de supremacía de la
Constitución, deja de respetar el derecho de libertad de comercio, destinado a
evitar una política intervencionista que acabe con dicha libertad. La
orientación creciente en la política
económica por parte del Estado, ha ido
introduciendo, a lo largo de los años,
limitaciones a la libertad de comercio, éste gobierno,
decididamente, pretende aumentarlas.
No se respeta,
tampoco, la libertad de aprender, a no ser obligado a recibir una enseñanza
determinada. La gente, en general,
repudia el totalitarismo educativo que los funcionarios kirchneristas piensan
imponer, tanto, como el monopolio
cultural. La educación es patrimonio común de la familia, la escuela, la
sociedad, y el Estado, ninguno la debería monopolizar pues ello afecta la
libertad de enseñar y aprender que consagra la Constitución.
Para obtener
votos el Presidente asegura que se podrá
alcanzar la igualdad en los planos que
no son los de la ley estando al tanto,
por su condición de abogado, que
ello es imposible; significaría que todos los comportamientos de los actores
sociales fueran idénticos, o siempre irresponsables, que tuvieran el mismo
valor o merecieran lo mismo. Es una mentira descomunal, si fuera posible lesionaría la cooperación
social, la producción, la productividad y afectaría la integridad psicológica de los
trabajadores. No mejoraría, en ningún caso, las desigualdades sociales, en el sentido de la igualdad que preconizan
sus cantos de sirena, sumiría en la
miseria generalizada a toda la sociedad.
Como profesor de Derecho, no puede desconocer que la paridad en poder, riqueza, prestigio, educación y otras dimensiones es, además, contradictoria con la justicia y la libertad.
La ley escrita
implica para su instrumentación jueces
fiscales, defensores y hombres
especializados en leyes, como
también filósofos del derecho, juristas, abogados,
además de una compleja burocracia y, además, de la policía. Conforman un complicado aparato social destinado a
asegurar el orden. Todo ello debe
mejorar para que vivamos mejor y también
se regenere la economía.
Cuando el
sistema normativo legal funciona
bien, los intercambios son más fáciles y sencillos, podemos participar en numerosas relaciones
nuevas y diferentes, con un
enriquecimiento más intenso de la vida psicológica, sin olvidar que la complejidad social exige reemplazo o modificación de las normas
vigentes. Ello se puede dar, rápida,
lenta, espontanea, o deliberadamente. Siempre desata problemas
psicológicos y sociales, variables en
magnitud e intensidad. Por ello la adaptación siempre es provisoria. De todas
maneras, el orden es el fundamento de la sociedad, más allá de la permanencia de conflictos.
Hay una
violencia extendida en la sociedad que comienza a asustar, se percibe, no solo en las calles sino en las
redes sociales y también en la política,
con muy buena recepción en los jóvenes, a los que no se les enseña que ésta es una actividad que lleva tiempo, tolerancia y
negociación. La incapacidad de los
partidos, el Congreso y otras
instituciones, para reaccionar contra
este estado de cosas es descorazonante.
La
policía, encargada de ejercer la
violencia legal para forzar al cumplimiento de las normas, o para tomar los recaudos para que se aplique
el castigo por los mecanismos sociales convencionales, es coartada en grados demasiados altos,
convirtiendo su accionar en ineficiente. Se le suma el hecho de que las normas,
en la sociedad compleja en que vivimos, están menos internalizadas, el control social interno dado por la socialización apenas existe, por lo cual, exige una más intensa coacción externa, o sea,
de la policía. En naciones totalitarias la justicia consiste en darle la razón
siempre al Estado o a quien lo conduce, no es así en las democracias, donde la individuación es mucho mayor, siendo, de este modo, mucho más difícil mantener el orden.
La Constitución
está por encima de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es la
ley suprema del Estado. No se nota. Van palideciendo los derechos individuales
y garantías consagrados en la Carta Magna. Por ejemplo, y no es criticable solo en la actual
administración, no se tiene en
cuenta el principio jurídico del debido proceso, por el cual toda persona
tiene derecho a determinadas garantías tendientes a asegurar un resultado justo
y equitativo dentro del proceso o a permitirle la posibilidad de ser oído y a
hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El trato desigual que se
ha tenido y tiene sobre los militares y
terroristas es un hecho vergonzante que
pocos se animan a considerar.
Tampoco se tienen en cuenta los límites que pone el
orden constitucional a los poderes públicos en salvaguarda de los derechos de
los particulares. El campo, es un buen ejemplo: sector harto de que le roben y
les mientan, postergando soluciones
viables a los problemas nacionales, ya está en las calles. Y parece que seguirá
el baile, otros sectores se le sumarán,
hasta que el Gobierno entienda que las generaciones presentes tienen
tanto o más valor que las generaciones futuras.
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