Juicio por jurados, toga y martillo: el deber postergado de nuestra justicia
Déborah Huczek
Abogada especialista en Derecho Penal, máster en técnicas de Litigación Oral (California Western School of Law).
Dentro del paquete de
reformas estatales presentadas por el Presidente Javier Milei al Congreso de la
Nación el 27 de diciembre pasado, denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida
para la Libertad de los Argentinos”, se aborda una deuda histórica que ha
persistido durante 170 años. Deuda de los poderes del Estado con el pueblo
argentino y que se pretende saldar a través del Anexo VI del proyecto, que
presenta la implementación del juicio por jurados en materia penal. Se trata de
una iniciativa jurídica que, de ser aprobada, podría transformar
significativamente el sistema de justicia argentino.
En virtud de esta
propuesta legislativa, la responsabilidad de juzgar ya no recaería
exclusivamente en los jueces, sino en 12 ciudadanos, distribuidos
equitativamente en paridad de género; ciudadanos comunes, ajenos a las
cuestiones legales, que tendrían la responsabilidad de emitir veredictos de
culpabilidad o inocencia en casos criminales, siempre y cuando el delito
acusado conlleve una pena superior a cinco años de prisión.
Como suele decirse en la
jerga legal, serán los ciudadanos “comunes” o “el pueblo” los jueces legos
quienes deban cumplir el rol fundamental de impartir justicia, sirviendo a la
Nación en su calidad de miembros de un jurado “popular” y resolver las
cuestiones que realmente nos afectan vinculadas a la inseguridad, los hechos
criminales que padecen y, por qué no, a las falsas acusaciones que se pueden
sufrir y que están en auge hoy más que nunca. Es el sistema que ya se ha
implementado en 11 provincias de la Argentina, entre las que se incluyen Buenos
Aires, Chaco, Mendoza y Chubut, por citar algunas, y que goza del respaldo de
sus conciudadanos.
Cuando el jurado popular
resuelve casos, incluso de los más resonantes, lo hace de manera definitiva e
irrevocable. Esta forma de impartir justicia garantiza una representación
genuina de la comunidad en la toma de decisiones cruciales que impactan la vida
cotidiana de sus miembros. Las decisiones de estos jurados gozan de absoluta
legitimidad y aceptación.
En contraste, la
implementación de este sistema a nivel federal enfrenta desafíos
significativos, especialmente en ámbitos judiciales conocidos por su carga
política, como los jueces de Comodoro Py. Estos jueces, a menudo involucrados
en casos más políticos que jurídicos, poseen un poder considerable que podría
influir en la dirección del país.
Como se viene repitiendo
desde 1853, los jueces se preocupan más por ciertas curiosidades que la ley
contempla -como el uso de la toga negra y el martillo- que por cumplir de una
buena vez con una deuda constitucional que lleva más de 170 años. Lo paradójico
del asunto resulta ser que todos los funcionarios públicos, al asumir, juran respetar
y hacer respetar la Constitución. Los diputados, senadores lo hacen; y los
jueces también. Sin embargo, parece que no estudiaron los artículos 24, 75
inciso 12, 118 y 126.
Un cambio necesario
Entonces, surge el
interrogante: ¿podemos confiar en funcionarios y jueces que prometen respetar
la norma fundamental pero luego encuentran excusas para eludirla? La Ley de
Juicio por Jurados surge como una respuesta a este escepticismo generalizado
sobre el rol del poder judicial en la Argentina.
Las anécdotas sobran,
muchos abogados hemos quedado perplejos por lo que sucede a espaldas del pueblo
cuando estos jueces ocupan el sillón para conocer un caso y supuestamente
dictar justicia. Actitudes déspotas de muchos que dicen “la ley soy yo”, jueces
que le hacen decir a la ley lo que la ley no dice acrecentando la inseguridad
jurídica de todos los habitantes del país. O también aquellos otros que siguen
usando la excusa de la pandemia para no tomar audiencias presenciales y, lo que
es peor, ni siquiera acuden a tomarlas virtualmente desde la comodidad de su
hogar; para finalmente mandarnos a presentar escritos.
Jueces que toman mate
mientras están juzgando a una de las personalidades más importantes del país y
que, al mismo tiempo, tienen abiertas sus laptops, lo que les impide escuchar
los argumentos que se les presentan, pues, lo que ven en sus pantallas les resulta
más entretenido.
Ellos son,
paradójicamente, los que nos dicen, ahora, que el uso de la toga y el martillo
es una payasada, que son cuestiones que los alejaría del pueblo. Lo que los
aleja, verdaderamente, es la constante dilapidación de recursos para sostener
un Poder Judicial que opera con tanta ineficacia que no se quiere soltar para
no ser descubierto.
Por todo esto, defiendo
contundentemente la implementación del juicio por jurados, que en palabras de
Alberto Binder “es la institución que viene a salvar al juicio oral de su
decadencia”.
Origen de la toga y el
martillo
El uso de la toga, el
martillo y la baranda, que separan al jurado del Poder del Estado, son
atributos universales de la jurisdicción, cuyo origen se remonta a la República
Romana. Y tienen como finalidad recordar al juez su investidura de autoridad al
ejercer un rol en nombre del estado y la importancia de sus acciones, ya que
pueden resultar en la privación de la libertad de un individuo.
Estos elementos también
subrayan que, fuera del tribunal, el juez es un ciudadano común, recordándole
cómo sus decisiones le impactan a él y a todos los demás.
La historia ha demostrado
que son los jurados quienes pueden cumplir con la garantía de imparcialidad
mejor que nadie, porque no tienen cargos que defender ni puestos a los cuales
escalar, ni necesitan de nombramientos políticos para ejercer su función, que
una vez cumplida le permite al individuo volver a sus actividades habituales.
La deuda del poder y la
política con el pueblo es demasiado grande. Llegó el momento de saldarla y, en
palabras de nuestro querido Miguel Ángel Piero, “Para el pueblo lo que es del
pueblo, porque el pueblo se lo ganó”. En ese sentido, este pueblo viene a
exigir que se cumpla de una vez con la Constitución nacional, instaurando
definitivamente el juzgamiento por el jurado popular.
Publicado en La Nación.
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