Fundación Atlas 1853

Seguridad y DDHH: ¿Para quiénes?

Malú Kikuchi

Periodista. Conductora de "Cuento Chino" y "La Dama y el Bárbaro", radio El Mundo. Premio a la Libertad 2013, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un Protocolo de Seguridad en el cual se permitiría a las Fuerzas de Seguridad usar sus armas de fuego si la ocasión así lo ameritase. Sin gritar “Alto”. Y la reacción fue digna de Zaffaroni: ¡Qué horror, van a poder usar sus armas!

Antes que nada, las Fuerza de Seguridad, la que fuere, debe anunciarse y si el delincuente huye, debe gritar, “¡Alto!”. Es lo que corresponde y un juez así lo exigiría. Las FFSS portan un arma de fuego, ¿la tienen de adorno, forman parte del uniforme, no pueden usarla llegado el caso? NO.

En la Argentina democrática, post Alfonsín, al que se le debe que haya acabado con el partido militar y se sufre que haya hecho confundir autoridad con autoritarismo, matar policías parece lícito. Les disparan como si fuera un juego, ellos no pueden responder, eso sería “fascismo”.

Todos se quejan de la inseguridad reinante. Que es una realidad. Existen delitos como la trata de personas, la venta ilegal de armas, el narco tráfico. Delitos pesados. A esos delitos se le suman los de siempre, robos, arrebatos, asaltos, secuestros, violaciones, pedofilia, homicidios.

Las FFSS están inermes ante todo esto. Los delincuentes usan armas caseras, armas sofisticadas, armas blancas, armas de fuego. Las FFSS, llevan armas de fuego, no pueden usarlas. Se supone que las FFSS, como lo indica su nombre, están para servir y dar seguridad a las personas.

Se supone que deberían estar al servicio de las personas y defenderlas de los delincuentes. No pueden hacerlo, el uso de las armas les está prohibido, y los delincuentes lo saben. También saben que fiscales y jueces serán comprensivos con ellos. Zaffaroni hizo un fatídico trabajo.

Las facultades de derecho del país lo estudiaron, creyeron sus teorías: el delincuente es víctima de una sociedad injusta, los robados, asaltados, secuestrados, violados o asesinados, son responsables de haber llevado al delincuente a delinquir. La víctima se convierte en victimario.

Las FFSS no pueden usar sus armas para defender a los ciudadanos, lo que debería ser su prioridad absoluta. Si intentan mantener el orden ante una manifestación, se habla de “feroz represión”. Mientras el ciudadano no puede circular, es robado, o secuestrado, o simplemente asesinado.

Lilita Carrió, desconcertante como siempre, ante el protocolo de Patricia Bullrich (con la que tiene diferencias desde que ésta abandonó la Coalición Cívica que fundaron en 2007) dijo: “Hiere los DDHH”. La pregunta es, ¿hiere los DDHH de quienes? Hasta ahora los heridos son los ciudadanos.

Agregó Lilita, creando más desconcierto, “Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral”. La pegunta es, ¿al humanismo se renuncia dejando matar gente trabajadora, dejando que la roben, la violen, la secuestren, la maten (incluyendo a las FFSS) en nombre del “humanismo?”

¿Se pretende defender a quienes, a los delincuentes como hasta ahora o ya llegó el tiempo de defender a la gente que está tan inerme como las FFSS? Y las FFSS no pueden usar las armas que tienen y son pagadas por los impuestos de la gente que paga impuestos, a la que no puede defender.

Se trataría de un Protocolo Federal al que pueden o no asociarse las provincias. Fuerzas federales hay en todas ellas. Y las FFSS necesitan recibir una educación de alto nivel que garantice, en lo posible, el uso racional de las armas de fuego, sólo cuando fuera imprescindible.

Hay que hacer memoria. La Argentina forma parte de las Naciones Unidas. “La ONU, en el 8º Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en La Habana (27/8-7/9/1990), adoptó los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. Leer los artículos 25 y 26.

La ministra Patricia Bullrich debería hacerle llegar el Protocolo a los honorables congresistas, los propios y los de la oposición, a los opinólogos, al poder judicial y a todos los que gritan “dejemos que los delincuentes actúen libremente, no intervengan, nosotros somos democráticos”.

A los ciudadanos de a pie, a los que sufren a diario los desmanes de los delincuentes, a esos no es necesario hacerles llegar el Protocolo de la ministra, con que les llegue la seguridad que tanto necesitan, basta. Y es urgente que eso suceda.