Fundación Atlas 1853

¿Los trabajadores necesitan aumentos salariales por decreto?

Miguel Collado Di Franco

Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, República Dominicana

El tema de los salarios mínimos apela a la sensibilidad de las personas en los debates públicos. Es entendible que la parte emocional sea muy importante, ya que deseamos soluciones rápidas. El problema es que la formación de los salarios no depende de emociones, sino de realidades. Los aspectos técnicos, los fundamentos que explican la formación de los salarios en una sociedad de seres humanos libres, suelen ser dejados de lado. Las explicaciones que se emplean para justificar los incrementos salariales no guardan relación con la realidad particular de cada emprendimiento y con las destrezas laborales de cada persona. Solo guardan relación con el deseo que todos tenemos de contar con una mayor paga.

Entendemos que es necesario exponer algunos aspectos que no siempre son traídos al debate público. Sobre todo en estos momentos en los cuales se empieza a plantear la discusión de los salarios por ley; ya que la misma legislación dominicana plantea revisiones, por lo menos, cada dos años.

Dificultan la entrada de jóvenes y personas poco calificadas al mercado laboral

Hay que recordar que los salarios no son determinados por decretos. Si pudiera ser así, con la firma de una ley se elevarían los ingresos de los habitantes del mundo. Pero no se puede elevar el salario a golpe de firmas de leyes, porque el dinero con que se pagan los salarios procede de algún proceso previo: de la producción.

Es la productividad, la capacidad que tenga una persona de poder aportar a elevar el nivel de vida de los demás, lo que determina el salario que puede percibir.

En la medida en que una persona aporta valor en una empresa, en esa medida puede percibir una remuneración superior. Mientras más puede aportar a la producción, mayor tiende a ser su salario. Es por esto por lo que en los países en los cuales los trabajadores son más productivos que sus salarios son mayores, y la riqueza promedio de la sociedad es superior.

Como la productividad es la capacidad que tiene cada empleado de poder contribuir a la rentabilidad de una empresa mediante su participación en la producción de bienes y servicios, su salario es determinado de forma individual.

Cuando el proceso individual es alterado y se buscan alternativas colectivas artificiales, surgen los perjudicados. Entre los potenciales empleados que se perjudican se encuentran las personas con menores destrezas productivas, mucho de los cuales son los más jóvenes de la colectividad.

Imponer un salario por ley para compensar a alguien que tiene poca capacidad productiva, ya sea porque no tiene suficiente experiencia o instrucción equivale a establecer una traba en el proceso de obtención de un empleo.

Si el costo impuesto a un emprendedor por una resolución del Comité Nacional de Salarios no es compensado por lo que pueda contribuir el empleado para cubrir su salario, y los demás costos, como materias primas, electricidad, depreciación de la inversión de capital, transporte y la carga impuestos, entonces el empresario no podrá hacer sostenible esa contratación.

Sí, hay empleados que se benefician. Estos suelen ser aquellos que ya están percibiendo un salario cercano al monto del nuevo salario mínimo decretado. El costo impuesto no es tan grande en comparación con el aporte del trabajador. Quienes más se perjudican son aquellos que están más lejos de tener un empleo a los salarios fijados por resolución.

Las consecuencias, para esas personas, son mayores contrataciones informales y desempleo.

Cuando el convenio individual se realiza en la informalidad, empleador y empleado se ponen de acuerdo en un salario que sí permite una contratación que tome en cuenta la productividad del empleado. La misma legislación laboral dominicana, los mismos acuerdos a los que se llega en el Comité Nacional de Salarios, conducen a las contrataciones dentro de la informalidad. La informalidad se convierte, en consecuencia, en la solución al problema establecido por un conjunto de normas con las cuales es difícil cumplir para muchos.

La informalidad refleja la realidad de las transacciones voluntarias entre empleados y empleadores. El Código de Trabajo de República Dominicana se une a otras normas para determinar que el 58% de los contratos de trabajo del país sean al margen de las leyes.

La otra consecuencia de las legislaciones laborales actuales es el desempleo, ya sea porque en empresas establecidas no sea posible contratar a más personas a tan altos salarios; o porque un número de emprendimientos, imposible de determinar, nunca se concretó. El número de empresas, que desean cumplir con las legislaciones tributarias, de seguridad social y laboral, que nunca se pueden crear cae dentro de aquellas consecuencias no deseadas de las legislaciones que, aunque puedan ser bien intencionadas, contradicen leyes económicas tan fundamentales como la que determina la formación de los salarios.

Encarecen los costos de una economía y restan competitividad

Aumentar los salarios sin un incremento de productividad que los justifique equivale a encarecer el precio de contratar mano de obra y de la producción misma.

Incrementos salariales artificiales equivalen a tener procesos productivos más costosos. Las unidades producidas cuestan más por el encarecimiento de un elemento fundamental que interviene en su fabricación: la habilidad humana. Se hace más costoso emplear las destrezas de las personas; sin embargo, los artículos producidos no son más valiosos para los consumidores.

Cuando en una economía son incrementados los costos de producir, sin el equivalente incremento en las cantidades producidas, el resultado es un encarecimiento de la producción. Como la competitividad es la facilidad con que una economía puede ser más productiva en comparación con otras, el salario se adiciona a los factores que no ayudan a que las empresas locales puedan ser competitivas.

Ser competitivo se refiere no solo al plano de las exportaciones, sino a la competencia con bienes producidos en otras economías con costos menores.

Queda claro, a partir de los fundamentos económicos que explican que los salarios provienen de la productividad, que aumentarlos no redundará en mayores beneficios para las empresas. Nueva demanda de bienes y servicios no puede ser creada de la nada. Lo que recibe en forma de pago un empleado al final de cada mes es el resultado de su producción. Por tanto, cuando esa persona se dirige al comercio cercano a su casa a comprar alimentos lo que hace es intercambiar producción por producción. Entrega monedas que representan su contribución a la producción de la economía y recibe los bienes que produjeron otras personas.

¿Cómo elevar los salarios de los trabajadores dominicanos?

La respuesta corta a esta pregunta es implementando políticas públicas que contribuyan a incrementar la productividad en el país.

Los empleados necesitan herramientas para trabajar y ser más productivos. Un trabajador necesita un martillo, un tractor, u operar una maquinaria de una línea de ensamblaje para poder contribuir a la producción. Esos son activos que provienen de inversiones precedentes. La inversión de capital promedio por trabajador en los cinco años previos a la pandemia fue de alrededor de US$3.900, según las cifras del Banco Central de la República Dominicana. En el mismo periodo, en los países miembros de la OCDE, la inversión promedio del sector privado en formación de capital fue US$37.350 por empleado.

Esas inversiones provienen de ahorro previo, del mismo retorno del capital que previamente se ha invertido. Es un proceso que toma tiempo. Pero que se puede intensificar con las medidas adecuadas para atraer mayor inversión extranjera.

En ese sentido, hacen faltas reformas estructurales, en diversos sectores. Dos reformas claves son la simplificación de la legislación tributaria y la laboral del país. Ambas necesitan menos complejidad.

Las destrezas que aplica un empleado en una empresa se desarrollan dentro de los procesos propios de los ambientes de trabajo. Sin embargo, estamos de acuerdo con que un nivel de escolaridad bajo no ayuda a desarrollar mayores habilidades. Actualmente, el sistema educativo dominicano educa a más de dos millones de estudiantes preuniversitarios, y consume el 4% del PIB, pero los resultados son pobres. Esto debe cambiar. Esta es otra reforma pendiente. La administración de tantos recursos por la clase política no ha dado resultado; algo que era predecible, ya que sucedía antes del incremento de recursos de los contribuyentes para el sistema de educación.

En conclusión, las preocupaciones compartidas en la sociedad con relación a los salarios de los trabajadores deben ser canalizadas para crear las condiciones que puedan aumentar la productividad local. Mientras esto no suceda, cada dos años seguirán las negociaciones, en ocasiones con matices que debilitan el tejido social al enfrentar a empleados y emprendedores. Entre tanto pasa el tiempo y la complacencia no termina de empujar las reformas estructurales, y se prefiere administrar el statu quo, dentro del cual se encuentran esas negociaciones salariales que son corregidas en contrataciones informales que representan el 58% del empleo del país.

Este artículo fue publicado originalmente en CREES (República Dominicana) el 22 de febrero de 2023 y en Cato Institute.