Fundación Atlas 1853

Una Policía metropolitana para la ciudad de Córdoba

Ricardo Runza

Ingeniero Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.

Días atrás se celebraba la fundación de la ciudad de Córdoba, en 1573. Son 450 años de existencia que entrelazan a la ciudad con la provincia. Desde 1938, a la Policía de Córdoba se la considera fundada en 1860 como primer cuerpo de orden público. Pero existen 287 años hacia atrás en los cuales también hubo orden público.

Por ejemplo, con los alcaldes de la Santa Hermandad. Con la Independencia, hubo milicias en la lucha fratricida, hasta 1853. Allí no había diferencias entre seguridad pública y la fuerza del poder.

Desde 1820, chocaron la visión unitaria del general José María Paz y la federal del general Juan Bautista Bustos. Enfocada más en la relación Nación–Provincia que en torno del interior provincial.

Con el tiempo, la provincia quedó configurada con una ciudad capital y 25 departamentos provinciales bajo una organización imperfectamente unitaria.

En la última reforma constitucional, se abrió una caja de Pandora (147 pedanías y 427 comunas y municipios), que generó un modelo político de vasallaje, a cuatro siglos y medio de Jerónimo Luis de Cabrera.

Hoy, esto tiene implicancias en la organización del sector seguridad del Estado cordobés. Es decir, en el conformado por todos aquellos organismos de los tres poderes del Estado que tienen responsabilidades permanentes o transitorias para prevenir, responder o mitigar amenazas a la seguridad en su jurisdicción. No es sólo la Policía: hay otros del Poder Ejecutivo. También algunos órganos del Poder Legislativo, la Justicia penal y el Ministerio Público Fiscal.

Este sector presenta muchas deficiencias y vulnerabilidades. Estas se hacen más visibles a medida que las amenazas se tornan más violentas y adquieren una frecuencia incontenible. Lo que podemos ver es un colapso del modelo de gestión unitario de la seguridad en el Poder Ejecutivo, deficiencias en el control político de la fuerza del Estado en el Poder Legislativo, y vulnerabilidades en el Poder Judicial y en la aplicación de la ley.

Todo proviene del diseño del Estado. De su organización imperfectamente unitaria y del vaciado político a los departamentos provinciales, lo que impide la gestión en esa unidad federativa mínima y razonable, excepto en la ciudad de Córdoba.

Este actual sistema, además, anula lo que se entiende como control ciudadano del Estado y su fuerza para aplicar la ley. Porque, sin control ciudadano, el Estado queda más vulnerable a la corrupción y, en el caso de la seguridad y de la aplicación de la ley, a la ineficacia. Se produce una distancia entre las expectativas y la capacidad que tiene el Estado para prevenir, responder y mitigar las amenazas que impactan. Jueces penales, fiscales generales y jefe de Policía quedan como funcionarios anónimos, lejanos y desconocidos. Sus designaciones son un misterio. Un asunto turbio de la política. La gente no sabe cómo aparecen, permanecen o cambian.

Promover una destitución es un asunto imposible para el ciudadano común. Surgen así las arbitrariedades y, tras un atropello, las miradas se posan en el eslabón más visible: la Policía. Los otros son una incógnita. Hasta que ocurre un caso que explota en la opinión pública y cuando recién sale en un medio de alcance nacional, el ciudadano puede tomar nota de quién es el fiscal o el juez detrás de la poltrona.

UN CAMBIO NECESARIO

Córdoba necesita cambiar su sector seguridad. Yo propongo el modelo del estado de Florida (EE.UU). Se calcula que hay 200 mil argentinos que viven allí. Muchos conocen ese estado por razones de turismo, estudio o trabajo. Muchísimos cordobeses tienen la vivencia de una Policía metropolitana como la de Miami o de una Policía de condado, el equivalente a nuestros departamentos provinciales.

Muchos coterráneos pueden votar al juez penal y al fiscal General de su distrito. Todos con mandatos acotados. Imagínese el lector la experiencia de votar al jefe de Policía y a los funcionarios nombrados por voto electrónico entre una terna que fue seleccionada por un Consejo de la Magistratura en cada departamento provincial donde el votante reside. ¿Con quién tendrían más compromiso?

Todos somos seres humanos, con virtudes y defectos. La organización es una creación de la humanidad para obtener los mejores resultados que se esperan de una actividad determinada. Si todo está organizado sin los incentivos adecuados, no les podemos pedir a los funcionarios una abnegación, una dedicación al trabajo y una vocación a prueba de tentaciones y libre de intereses políticos.

Un candidato a intendente de la ciudad de Córdoba quiere una Policía metropolitana. Mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ejemplo. Se equivoca. Esa ciudad tiene un sector seguridad imperfecto. Proponga un cambio estructural con un jefe de Policía con incentivos alineados a cada vecino de la ciudad. No un lacayo del intendente. Un servidor público dedicado a la sociedad que lo elige y no al poder.

Si hay una nueva generación en el Gobierno de la provincia, si hay una vocación por escuchar al otro y someterse al consenso, entonces tener una Policía metropolitana para la ciudad de Córdoba puede ser un primer paso.

El gobernador no tiene que tener miedo de quedarse sin fuerza pública. Tiene que mirar el modelo federal correcto. Córdoba siempre estuvo a la vanguardia en el país. Es una deuda con el legado de su primer gobernador. Que dirigentes cordobeses se animen a llevarlo a cabo significaría quedar en la historia por delante. No es un asunto para dedicarle palabras soeces. Es para demostrar inteligencia y sentido de trascendencia.

Publicado en La Voz.