“No hay dólares para dolarizar”
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.


La victoria de Javier Milei con un amplio margen y con un mensaje explícitamente liberal le da viento de cola para implementar un cambio de paradigma. Siendo que la inflación es el principal problema que aflige a la economía argentina—se ubica en un 142,7% anual, según las cifras oficiales—conviene que el gobierno de Milei empiece con una de sus propuestas estrella: la dolarización.
La principal crítica a esta propuesta nos debe resultar muy familiar a los ecuatorianos y esa es la de “no hay dólares para dolarizar”. Los de mi generación o menores tal vez no recuerden que precisamente eso decían en coro los variopintos opositores a la dolarización en Ecuador. Aun así, de alguna manera nunca faltaron dólares porque, aunque el Banco Central del Ecuador (BCE) no parecía tener suficientes, los ecuatorianos y extranjeros sí. Lo que sucedía era que los ecuatorianos huían a un refugio seguro en otra moneda—el dólar— y en otros sistemas financieros donde si se permitía el uso de dicha moneda. 
Pero con el mero anuncio de la dolarización el 9 de enero del 2000, los ecuatorianos volvieron a depositar sus dólares en el sistema y lo hicieron incluso tan solo 9 meses después del congelamiento de depósitos en marzo de 1999. Entre enero y diciembre de 2000, los depósitos totales de Ecuador aumentaron en 733 millones de dólares, mientras que el monto total de las reservas internacionales en diciembre de 1999 era de apenas 872 millones de dólares. Además, mientras que en 1999 los depósitos apenas representaban alrededor del 15% del PIB, a finales de 2000 habían aumentado hasta el 19,1% del PIB. 
Los depósitos siguieron aumentando en las décadas siguientes. A finales de 2022, los depósitos llegaron a 37,9% del PIB. A modo de comparación, los depósitos de Argentina alcanzaron un escaso 22,5 por ciento del PIB a finales del año pasado.
¿Cómo se explica que los ecuatorianos recuperaran tan rápido la confianza en el sistema financiero nacional que hasta hace tan poco los había defraudado? Al eliminarse el sucre, se eliminó la capacidad de que el BCE sirva de prestamista de última instancia para rescatar a los bancos privados. Esto es, se eliminó el riesgo moral o incentivo perverso que alentaba a los bancos a tomar decisiones a la ligera o claramente irresponsables. Al mismo tiempo, se les inducía a comportarse de manera más conservadora, como lo han venido haciendo desde ese entonces, por ejemplo, manteniendo reservas bancarias muy por encima del encaje legal. Por otra parte, se eliminó la capacidad de manipular el valor del dinero que los ecuatorianos utilizan para ahorrar y para realizar sus transacciones, de manera que ya no se arriesgaban a que se licúen sus ahorros depositándolos en el sistema nacional. En otras palabras, se cortó el conducto de contagio entre las finanzas públicas y el sistema financiero privado.
Respecto de Argentina, todos estos fenómenos no tendrían por qué ser distintos. Las Leliqs, que son pasivos remunerados de su banco central, realmente son una obligación que el estado argentino tiene que atender con o sin dolarización y con o sin banco central. 
Finalmente, la dolarización no es otra cosa que reconocer la voluntad popular reflejada en la calle: los argentinos corren a deshacerse de los pesos a cambio de dólares. 
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 24 de noviembre de 2023 y en Cato Institute.

 

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