La Gobernanza y el acceso a la información pública
Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Hace unas pocas horas el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina envió un mensaje al Congreso Nacional conteniendo un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. A partir de la lectura del proyecto enviado y sus principales características, podemos decir con razón que nos encontramos ante un herramental fundamental para el fortalecimiento de la interacción entre los ciudadanos.
 
Así, a partir del momento de su sanción, toda persona que requiera información al Estado Nacional deberá obtener alguna respuesta de acuerdo a los plazos legalmente establecidos. De no recibir una respuesta ajustada al régimen de máxima publicidad y excepciones que contiene la norma, corresponderá que se investigue y sancione al funcionario si incumplió con su deber.
 
A estos efectos, y en un avance sin precedentes, se obliga el Estado Nacional a generar sitios web de Transparencia Activa con el fin de actuar proactivamente en la entrega de información. En los sitios web se deberá informar de modo actualizado: Un índice de información pública, estructura organizativa y funciones, nomina de autoridades, acordadas, resoluciones, dictámenes, declaraciones juradas y toda otra información que resulte relevante por la competencia asignada.
 
Institucionalmente se propone la creación de Agencias de Acceso a la Información Pública en cada uno de los poderes públicos, a los fines de implantar el procedimiento administrativo de solicitud y respuesta de acceso a la información.
 
Se crea también un Consejo Federal para la Transparencia, como órgano interjurisdiccional de cooperación técnica con las provincias y la CABA. La finalidad de este organismo es coordinar las mejoras en transparencia activa en cada jurisdicción local, cuestión no menor para países federales y tan extensos como el nuestro.
 
Recapitulando, sobre estas sucintas lineas sobre el articulado del proyecto, no podemos dejar de reconocer que estamos ante una medida legislativa importante en la conformación de un nuevo paradigma de gobierno y de interacciones entre las personas.
 
La gobernanza liberal, como la venimos proponiendo en varios artículos y en el Libro “Propuestas para una Nueva Argentina” (F. Atlas, F. F.Naumann, Independent Institute, Relial) se logra mediante normas que permiten acercar la gestión de lo público al conocimiento cotidiano de las personas.
 
Esto permitirá que los interesados en las políticas públicas de un gobierno, ya sea por haber sido afectados negativamente por un cambio de política, o bien, por una novedad que les resulte positiva en sus vidas, puedan tener a su alcance canales institucionales para conocer la información disponible.
 
Pero también, y esto es usualmente poco visualizado en el análisis sobre el tema, es un camino de cambio cultural para la sociedad en tanto ahora ella misma se verá reflejada en sus acciones y conductas al relacionarse con la administración, en tanto también muchas de sus interacciones podrán ser visualizadas y auditadas por sus pares.
 
Es decir, este tipo de leyes no sólo genera cambios en los actores políticos y sus cuerpos de gobierno, sino también emergen nuevos hábitos en los comportamientos sociales dado que todos somos una sumatoria de datos evolutivos para la administración pública. El limite en estos casos, son los datos considerados sensibles de las personas, cuestión regulada y protegida por esta ley también.
 
Finalmente, resta por expresar, que este tipo de normas pone en jaque a los gobiernos populistas -y de alli su importancia para las posiciones liberales y republicanas- en lo relativo a la comunicación y al uso de la información que pueden hacer desde el Estado. El jaque se produce al poner en crisis el dogma que dice: lo verosímil es tan eficaz como la verdad. Dogma peligroso si los hay, ya que los populistas en beneficio propio han sabido usufructuar la actual opacidad del Estado y la verosimilitud de una agenda seudo-progresista, bajo la extendida denominación de relato.
 
De este modo, ahora la verdad puede tener un valor activo y participativo en sí mismo. Así, si la información debe ser publicada por los funcionarios y ésta a su vez puede ser corroborada o contrastada en minutos por múltiples especialistas, para finalmente y en cuestión de minutos, ser puesta en consideración a la opinión pública por las nuevas redes de comunicación, la dinámica en la que nos insertamos es la de la clásica crítica de J. Milton, J. S. Mill, o la Kantiana. Esta es ni más ni menos que la dinámica de la moderna crítica repúblicana - liberal y de la necesaria gobernanza que proponemos.
 
Esto último ocurre todavía hoy de modo esporádico, gracias a organizaciones de investigadores y periodistas como Chequeado.com o LN data, o similares. Es evidente entonces que el control de actos y datos públicos llego para quedarse y mejorar la calidad institucional, gracias a una ley que comienza a hacer realidad la idea de la gobernanza en nuestros contextos.
 
 

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