El Perú encalla

Alvaro Vargas Llosa
Director del Center for Global Prosperity, Independent Institute. Miembro del Consejo Internacional de Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
El Perú es una buena prueba de que el progreso, esa
noción que inauguró la era moderna a partir del siglo XVIII en política (en las
ciencias lo había hecho un siglo antes), no es rectilíneo ni está
predeterminado. Porque si un país latinoamericano parecía, en las últimas dos décadas,
haber despegado de forma definitiva y haberse constituido en modelo para la
región, ese era el Perú, pero de un tiempo a esta parte ha dado un paso lateral
o quizá sea mejor decir un paso atrás.
Cualquiera que eche un vistazo a lo que allí sucede concluirá
que su clase política está entre las más devaluadas de América Latina: todo en
ella parece una astracanada, una representación lúdica hecha para entretener a
la galería. No habita en ella, con honrosas excepciones, un sentido de lo que
importa ni una capacidad para confinar sus enconos dentro de límites razonables
y consolidar los avances notables que el país había realizado en términos
políticos y económicos.
El Presidente Kuczynski cumple un año de gobierno y
parece que cumpliera 10 o 15 por el esfuerzo desgastante que él y su gabinete
ministerial deben hacer cada día para sobrevivir al ambiente asfixiante en el
que tienen que maniobrar. El gobierno recibe, con aire de desconcierto, un
embate cotidiano de los partidos políticos, la prensa, ciertas instituciones de
la sociedad civil y hasta organismos estatales en los que sus adversarios han
colado “topos” como si se tratara de un gobernante ilegítimo o de un enemigo
del Perú.
El resultado de todo esto es el agravamiento del clima en
el que se desarrolla la vida política, institucional y, en parte, económica.
Ese clima ya estaba afeado por cuatro factores antes de intensificarse el
asedio reciente contra el debilitado gobierno.
Un factor era la parte baja del ciclo de las materias
primas, que afecta a buena parte de América Latina, pero especialmente a países
como el Perú, cuya dependencia es desproporcionadamente alta (como otros países
dependientes de materias primas, muchas industrias no necesariamente vinculadas
a ellas se ven menguadas por la reducción del dinamismo que supone atravesar la
parte baja del ciclo).
El segundo factor es el entrampamiento que tiene
paralizados proyectos de inversión, muchos de ellos vinculados a la
infraestructura, por cerca de 20 mil millones de dólares. Ese entrampamiento
viene de la ineptitud burocrática, la judicialización de la vida política, el
caos que es la descentralización inaugurada a inicios del nuevo milenio y la
inseguridad jurídica por los constantes vaivenes normativos de las últimas
administraciones.
Un tercer factor que de por sí complicaba las cosas era
la naturaleza, que se ensañó hace unos meses, mediante el fenómeno bautizado
“Niño costero”, con algunas regiones del Perú pero muy particularmente con la
costa norte, una de las zonas de mayor empuje empresarial de los nuevos
tiempos.
Por último, el caso “Odebrecht”, que afecta a varios
gobiernos anteriores y sólo tangencialmente a este, había dado recientemente
pie a una incertidumbre que en nada ayudaba a reconstruir la confianza
necesaria para que los “espíritus animales” se pusieran en marcha. La caza del
jabalí, antes que la búsqueda de la verdad y la justicia, es lo que ha
prevalecido a raíz de las revelaciones de la corrupción peruana vinculada a las
empresas brasileñas.
Este era el contexto en el venía operando Kuczynski, con
paciencia y buen humor, durante meses. Pero a todos los factores mencionados
hay que sumarles, desde hace algunas semanas, con pequeños respiros tácticos
que nada cambian hasta ahora, la campaña destructiva que ha llevado a cabo el
fujimorismo, la fuerza que controla el Congreso y que tiene a varios de los
principales medios de comunicación muy cerca, para hacer fracasar al nuevo
gobierno. Desde que la alianza entre los seguidores del dictador Odría y el
Apra frustró el primer gobierno de Fernando Belaunde en los años 60 (y propició
en cierta forma el golpe del general Velasco), no se veía algo igual. Tumbar
ministros, revertir medidas ejecutivas, coludirse con personajes de la
Contraloría empeñados en paralizar proyectos, convalidar escuchas ilegales sin
ninguna importancia real, amenazar a los adversarios, devaluar el lenguaje
político y hacer un populismo de derechas camuflado bajo sofismas morales parece
ser lo primordial para la oposición fujimorista y sus aliados, el Apra y una
parte de Acción Popular, el antiguo partido de Fernando Belaunde.
La razón es fácil de entender. El fujimorismo estaba a
las puertas del poder el año pasado cuando su candidata obtuvo alrededor de 40%
de los votos en la primera vuelta y el actual Presidente apenas la mitad de ese
respaldo. Durante la campaña de la segunda vuelta, sin embargo, como tantas
veces en las últimas dos décadas, las fuerzas democráticas, que cubren un
espectro que va de la izquierda a la centroderecha, se movilizaron para
cerrarle el paso con éxito y otorgar el triunfo a Kuczynski. El fujimorismo
colaboró intensamente con sus adversarios, hay que decirlo, por tener en
puestos prominentes a un personaje investigado por la DEA por lavado de dinero
y a un sujeto sin escrúpulos que manipuló audios para tratar de torcer el
testimonio de un testigo de la DEA en coordinación con un programa de
televisión nostálgico de los años de Vladimiro Montesinos.
La representación parlamentaria de Kuczynski, para colmo,
suma apenas la sexta parte del Congreso, carece de un liderazgo claro y hay en
ella algunos náufragos de otras aventuras políticas que restan bastante más de
lo que suman.
La composición del nuevo Congreso, sin embargo, refleja
el resultado de la primera vuelta, no de la segunda, pero de un modo
desproporcionado, por obra del sistema electoral imperante. Así, los herederos
y seguidores del ex dictador obtuvieron 73 de 120 escaños, es decir tres
cuartas partes del Congreso.
El gabinete de Kuczynski, compuesto por técnicos del
mejor nivel en gran parte, se ha visto impotente para impedir que el Congreso
se lleve de encuentro a varios de sus ministros a pesar de contar con armas
legales y constitucionales contundentes para asegurar la gobernabilidad. Una de
ellas es la posibilidad de plantear una cuestión de confianza ante la
posibilidad de que un ministro sea censurado, haciéndola extensiva a todo el
gabinete. Si la oposición les negara la confianza a dos gabinetes seguidos, el
Presidente podría disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones
parlamentarias.
Esta opción era un clamor entre las fuerzas democráticas
responsables de haber impedido el regreso del fujimorismo al poder en las
últimas dos décadas cuando la oposición tumbó al ministro de Educación, que
venía del gobierno de Ollanta Humala y gozaba de un sólido prestigio. El
Presidente hubiera recibido el apoyo masivo de una ciudadanía indignada con la
labor vengativa del fujimorismo, además de que el aura de triunfo da siempre a
un Presidente recientemente electo una ventaja en las urnas. Pero para evitar
confrontaciones e inestabilidad, Kuczynski prefirió sacrificar a su ministro.
El resultado fue que el fujimorismo le ganó la moral al Poder Ejecutivo y ha
acabado con varios ministros más desde entonces, le ha bloqueado o frustrado
distintas iniciativas y le ha impuesto a figuras de debatibles credenciales
democráticas en instancias estatales desde donde se dedican a hacer política
menuda en lugar de ocuparse de sus funciones.
El rol de la prensa supérstite de la década negra de los
años 90 ha sido especialmente nefasto, sirviendo de caja de resonancia al fujimorismo
en lugar de tratar de frenar esta campaña lesiva para el país y abonar en favor
de un mejor clima institucional y económico. Con pocas excepciones y a veces
con hipocresía, muchos medios o periodistas que estuvieron cerca del
fujimorismo tratan a Kuczynski como si fuera Belcebú a pesar de que tienen
coincidencias con él en materia de orientación económica.
El impacto de este clima enrarecido ha dañado la
economía, que este año no crecerá mucho más de 2%. La inversión privada, que
está en caída desde 2014, ahora se ha estabilizado, pero eso sólo significa que
este año crecerá en el mejor de los casos 0,5%. Ciertos sectores vitales para
la demanda interna, como la construcción, están ya en recesión.
Para reanimar al capital privado, Kuczynski ha intentado
sacar adelante alguno de los proyectos emblemáticos que requieren concesiones
del Estado al sector privado o distintas modalidades de colaboración, como
asociaciones público-privadas. Todos los intentos se han visto frustrados por
el sabotaje de la oposición, al que la impericia política de un gobierno de
técnicos que carece de grandes reflejos defensivos no ayuda precisamente a
obtener victorias en ningún frente.
Naturalmente, viendo la debilidad del Presidente, un
sector del fujimorismo ha vuelto a la carga para tratar de forzar a Kuczynski a
indultar al ex dictador Alberto Fujimori, preso (en unas instalaciones cómodas
en comparación con las cárceles comunes) por graves violaciones de los derechos
humanos, secuestro agravado y corrupción. Otro sector del fujimorismo,
vinculado a la hija de Fujimori que fue candidata presidencial, prefiere que el
ex gobernante no salga por ahora de la cárcel porque teme que le arrebate el
partido y en las próximas elecciones construya una lista parlamentaria con sus
favoritos. El hermano de la ex candidata, también congresista, junto con una
parte minoritaria de la bancada fujimorista, tiene en cambio como prioridad
absoluta sacar al padre de la cárcel, a diferencia de la hija, cuyo propósito
inmediato es destruir a Kuczynski y llegar al poder.
Esta división, que la prensa peruana exagera más de la
cuenta, añade leña a fuego, enviando a los agentes económicos señales de caos,
imprevisibilidad y confrontación disuasorias para la inversión. Como si no
hubiera ya bastante incertidumbre en el hecho de que varios ex presidentes
están en problemas (Alejandro Toledo está prófugo y el gobierno intenta
extraditarlo, Ollanta Humala y su mujer están en la cárcel mientras se los
investiga, aunque podrían salir en libertad muy pronto, y Alan García no parece
enteramente libre de riesgos), el presidiario Fujimori sigue enrareciendo la
política peruana. Kuczynski gana algo de tiempo, mientras tanto, entregando a
un grupo de médicos la responsabilidad de evaluar la salud de Fujimori antes de
tomar una decisión sobre el indulto, que jurídicamente resulta harto
dificultoso.
La política peruana se empeña en seguir impidiendo la
consolidación de las instituciones y de dar a la vida económica y social un
marco estable y previsible. A pesar de los mejores esfuerzos de Kuczynski.
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