Fundación Atlas 1853

No se olviden del gasto

Dardo Gasparré

Economista.

Las riñas entre técnicas y conventillescas sobre la dolarización, que muchos se empeñan en creer y hacer creer que resolverá buena parte de los problemas domésticos, no deberían hacer olvidar o pasar a segundo plano la discusión sobre el gasto, causa de la todas las inflaciones históricas y de buena parte de los defaults, en distintas dinastías gobernantes, algunas democráticas, otras no, pero siempre eficientes en el dispendio.

Ciertamente, sería ideal y bastante más simple recurrir a una solución de política monetaria que requeriría muchos menos tiempo, esfuerzo, leyes y peleas que una lucha a fondo contra el gasto y sus beneficiarios de todo tipo, de todo color, de todo nivel, de toda ideología, de todas las épocas, de todos los estamentos. Y sobre todo menos trabajo, desgaste personal y conocimiento.

Pero no. La columna lamenta echar un balde de agua fría sobre ese simplismo. Y no apelará en su argumentación ni a los grandes nombres de la historia económica, ni a la evidencia empírica, ni a la frialdad de las cifras, sino a los mismos autores de todos los papers, libros, estudios, debates, mesas y propuestas sobre dolarización, anclaje cambiario, convertibilidad, caja de conversión, bimonetarismo y cualquier otro modo de “atar las manos de los funcionarios para que no gasten más de lo que pueden”, el infantil pensamiento conque los argentinos visualizan el problema.

Todos esos técnicos, por convencidos que estuvieran, por fanatizados o interesados que lucieran, en algún lugar de sus trabajos dejan resbalar la misma frase, o similar: “Simultáneamente deberá procederse a reducir el gasto del Estado y todo déficit relacionado, un complemento inseparable de la presente propuesta”. Si bien enarbolar la promesa de dolarización en una campaña política parece un plan completo y un proyecto-país integral desde el punto de vista del siempre esperanzado y fanático votante, la realidad es que la parte de bajar el gasto es ineludible y urgente, y sigue siendo el objetivo central a plantearse.

Por eso, por una deliberada casualidad, esta nota se llama igual que la nota del autor de hace 8 años donde le reprochaba al gobierno de Macri el no haber avanzado en esa tarea, lo que le valió el escarnio y la descalificación de Cambiemos en pleno, incluyendo algunos asesores de entonces, hoy en papeles más protagónicos.

Tarea odiosa y odiada

Este es también el comienzo de una serie de notas áridas sobre el modo de bajar el gasto, tarea odiosa y odiada, de la que nadie quiere escuchar porque es dura, impopular y difícil, y seguramente poco rentable para quien la emprenda. Y porque a muchos les conviene hacerse los distraídos ante la posibilidad bastante cierta de que sus intereses se vean afectados.

Habrá que comenzar por el tema más conflictivo Siempre se habla de “la primera ley a aprobar” y aquí cada uno tiene sus preferencias. Pero quienquiera fuese el presidente deberá solicitar una ley de emergencia económica que le otorgue cierta flexibilidad. Después de casi dos décadas de gobernar con esa delegación de poderes, es de suponer que el peronismo no negará la posibilidad de un recurso igual en este caso, a menos que no considere que el país se encuentra ante una gravísima emergencia económica y social, tal vez la más grave de su historia.

Esta ley es importante por varias razones. La primera de todas es la necesidad de una protección jurídica que hará falta en una situación donde cualquier cambio lesionará muchos intereses, y el recurso de acusar a los funcionarios con acciones legales de todo tipo puede ser un mecanismo de parálisis utilizable por cualquiera.

La segunda razón es la necesidad de tener algún elemento para poder negociar con las satrapías, perdón, con las provincias, los fondos no coparticipables y los envíos discrecionales. Recuérdese que una Ley de emergencia permite que las diferencias entre la recaudación determinada en el Presupuesto y la recaudación real, (cifra que se vuelve muy importante en períodos de alta inflación) sean reasignadas por el Jefe de Gabinete, si bien esta norma fue restringida por Macri. No hay manera, sin la existencia de una ley macro, que otorgue cierto poder al gobierno federal para limitar los poderes de las provincias. Salir sin armas a pelear contra los excesos provinciales, como bien lo sabe Cavallo, es convertirse en un Quijote ridículo.

Derechos adquiridos

Algo parecido ocurre con los denominados derechos adquiridos. Desde los tres millones y medio (y creciendo) de jubilados sin aportes, pasando por las jubilaciones de privilegio, a los grandes salarios de la administración estatal, al millón de pensiones por falsa discapacidad, cualquier medida que intente corregir esos verdaderos robos será reputada de inseguridad jurídica, acusación falsa, que justamente parte de creer convenientemente que todas las prebendas alcanzadas son un derecho adquirido. Como si un ladrón alegase que la billetera que se robó le pertenece porque hace tiempo que la conserva.

Ese concepto de los derechos adquiridos puede ejercer un efecto paralizante, tanto en la justicia como si se usa de base ética y racional de reclamos salvajes que sin duda existirán. Por eso hace falta un paraguas legal. Para explicar mejor el punto: El ajuste inflacionario sobre los tres millones de jubilados legítimos ha sido salvaje. Al mismo tiempo, se han transferido recursos de los sectores con aportes completos (3 millones) a los sectores sin aportes (3.5 millones). ¿Eso es justo, tiene que ver con el respeto por los derechos adquiridos? No. Los derechos adquiridos sólo valen cuando corresponden a los que los han obtenido gracias al populismo.

¿Es muy distinto el caso de las jubilaciones de privilegio, o las de los funcionarios y legisladores, que sostienen que su régimen de alta generosidad no es de privilegio? Argumento para tontos. El 70% del déficit previsional corresponde a beneficios, dádivas y subsidios (gastos) que nada tienen que ver con el sistema jubilatorio, sino que se obliga al jubilado legítimo a pagar esos gastos, como se lo obliga a pagar las jubilaciones regaladas, que son un número mayor que las legítimas.

Meter el dedo en estos gastos, como en tantos otros, es chocar con la reacción judicial, la argucia de los falsos derechos adquiridos, las denuncias penales, el apriete y el juicio. No es cuestión de transformar al presidente en dictador, pero tampoco hay que convertirlo en un mandadero, sobre todo cuando si el voto popular mayoritario muestra una decisión clara de cambiar lo que se ha hecho sistemáticamente hasta ahora, y la mitad del Congreso está compuesta por una bandada de patos rengos que sólo representan residualmente a la sociedad, o no la representan.

Un ejemplo que no le gustará a nadie, tampoco a los interesados. Domingo Cavallo y su socio en el Gobierno, Horacio Tomás Liendo, crearon una legislación y paralegislación que prácticamente mató al derecho administrativo, o sea la rama donde los particulares ejercen su potestad de litigar contra las medidas del Estado y sus consecuencias. El propio Cavallo instruyó a la ANSES sobre apelar hasta la muerte de cualquier demandante jubilado sus reclamos, aún sin base jurídica y sin razón, sólo para demorar el efecto de esos reclamos y defender su reforma jubilatoria. ¿Estuvo bien? No. ¿Tenía otro camino? No.

La situación actual es aún peor que aquella, que, de paso, también fracasó al no poder parar el gasto provincial. ¿Será válido alegar derechos adquiridos por un piquetero o un planero cuando el 80% del país ha perdido sus derechos adquiridos? Aun la Corte Suprema tendrá que jugar un papel en esta instancia, salvo que quiera ser el instrumento que garantice la eternidad del pasado. Hasta la Constitución garantiza privilegios de eternización y protección salarial a los empleados del estado de los que no goza ningún empleado privado. Curiosamente, esas garantías parecen valer más que otras garantías que se aseguran al resto de la sociedad, como la seguridad, la educación, la salud, la vida o la propiedad, que no son garantizadas por nadie, y eso no es considerado ni dictatorial ni antidemocrático.

Preguntéle a Mauricio

Elegir a un presidente para que cambie el estado de cosas anquilosado, preguntarle cómo hará para cambiarlo si se le opondrá lo que dice ley que escribieron los despreciados, o cómo hará para enfrentarse a las turbas que sí tienen derecho democrático a romper la misma ley, y luego condenarlo a que cumpla lo que se espera de él sin armas políticas ni leyes torna inútil el proceso y el esfuerzo eleccionario. Peor, torna inútil al presidente. Y algo más grave. Impedirá discernir si el elegido es malo per se o si el sistema lo había condenado de antemano. Preguntar a Macri, Mauricio.

Bajar el gasto en Argentina es siempre inconstitucional. Ahora continuemos.

Seguramente cada uno pensará que este comentario está hecho para favorecer al candidato que no le gusta. Pero el problema es idéntico para cualquiera de los dos que gane la presidencia y que quiera en serio bajar el gasto. Si luego cambia de idea, de intereses, de lealtades o, al revés, si sus lealtades le impiden acometer esa tarea inevitable con seriedad, profundidad justicia y potencia, eso está fuera de las posibilidades de esta columna. ¿Cómo dos? –Dirá usted. Los candidatos son tres. Bueno, si gana Massa haga de cuenta que estas líneas no han sido escritas nunca.

Esta es la primera de varias reflexiones sobre el gasto, un tema áspero que el ciudadano prefiere no entender. Aunque tal vez sería mejor hablar de dolarización que es menos comprometido.

Publicado en La Prensa.