Fundación Atlas 1853

El peor cepo: el gasto estatal intocable

Dardo Gasparré

Economista.

En la nota anterior se comenzó a analizar un par de rubros y a proponer algunas ideas para abordarlos. Entre ellos los juicios, sobre los que hay que ampliar. En este punto se incluyen las causas contra el país, como las escandalosas y ridículas situaciones en Nueva York y el CIADI, todos los juicios contra el Estado de las empresas contratistas y licitadoras, una estafa sistémica que lleva ya tres cuartos de siglo y los actuales por expropiaciones de otras empresas durante la era Kirchner.

En todos los casos en que las acciones por responsabilidad no estén prescriptas se deben investigar, analizar los orígenes de los reclamos que llevaron a la querella, si algún funcionario incurrió por negligencia o deliberadamente en incumplimiento de sus funciones para facilitar el juicio a la contraparte.

También el accionar de los abogados del Estado. La lista de casos en que reparticiones con decenas o centenas de profesionales del derecho dejaron caer los plazos y consintieron de ese modo tácitamente los reclamos es espeluznante. Todos los copartícipes de estas estafas deben ser denunciados y se debe procurar su procesamiento y el resarcimiento respectivo por parte de las empresas y funcionarios cómplices.

Sólo un despistado ignora que el sistema licitatorio nacional es una estafa, y que la causa de los cuadernos es apenas un botón de muestra. De nada sirve bajar unos centavos del gasto, si se deja abierta la canilla gigante del robo. A la vuelta de la democracia, en 1983, por caso, los empresarios le debían al Banco Central, tras la fiesta de Martínez de Hoz, 20 mil millones de dólares. Los reclamos de la entidad a esos deudores se esfumaron porque los abogados del banco dejaron vencer los plazos procesales. Esa cifra se perdió. ¿Alguien puede calcular cuánto es eso en dólares de hoy?

Durante el gobierno de Menem se dejaron caer los plazos procesales para así salvar a Bridas, la empresa de Bulgheroni, de los efectos de la quiebra de su banco. Fue una orden directa del Directorio del Banco Central. La expropiación del Correo Argentino generó un juicio del estado contra Franco Macri. Pocos recuerdan que paralelamente, Franco Macri inició un juicio contra el estado varias veces superior, que va en camino de ganar, a la luz de lo que históricamente ha pasado siempre.

La burda, ilegal y precaria maniobra del grupo de Cristóbal López, multipartidariamente consentida, para salvar sus empresas de explotación de juego de las consecuencias de su estafa a la AFIP, y el perdón infantil ex post del ente recaudador, no sólo fue otra carga al gasto público, sino que fue un insulto al ciudadano y al contribuyente esclavo.

Los acuerdos del gobierno kirchnerista con la mafia de los medicamentos durante la pandemia del COVID fueron, además de ofensivos a la inteligencia, otro gasto que se cargó sobre la sociedad y que disfrutan los socios en la colusión.

El triste espectáculo del más conspicuo acusado en la causa de los cuadernos, que apareció dando cátedra de seriedad fiscal y patriotismo por los principales medios televisivos tras haber mandado a un subalterno a reemplazarlo en el proceso en su contra, mostró, a quien quiso entenderlo, la impunidad, audacia y descaro de los prebendarios.
Y para quienes prefieren hablar de equilibrio fiscal en vez de baja de gasto, es importante recordarles la cantidad de prórrogas de adjudicaciones por decenas de años, entre ellas varias muy importantes del rubro petróleo y gas, sin ninguna licitación, en contra de todas las reglas fiscales. Obviamente, entre ellas la concesión de Aeropuertos debe ser una de las primeras en auditarse.

Es por eso que, por un lado, debe relegislarse el proceso de adjudicación de obra pública, tanto en sus aspectos operativos como penales, e investigarse todos los casos no prescriptos, como manera de obtener resarcimiento por esos regalos millonarios en dólares, y también como un modo de que ese gasto oculto no siga pesando sobre el contribuyente y la sociedad en general. Cuando el periodismo pregunta: “¿y qué van a a hacer con los subsidios y los planes?”, también deberían preguntar “¿y que van a hacer con los ladrones públicos del estado y de las empresas que saquean la obra pública?”. Elemental cuestión de equidad.

UN NUEVO ELLIOT NESS

También en esta misión se requerirán las tareas probono de los profesionales, como asimismo se requerirá una suerte de czar que capitanee y coordine esta lucha. Un nuevo Elliot Ness, si se prefiere ese lenguaje épico. Que correrá el riesgo de ser asesinado por suicidio, para decirlo comprensiblemente. La obra pública también es un gasto. El robo en la obra pública es un gasto y es un delito. No habrá autoridad moral para despedir a un empleado, ñoqui o no, si los autores de los grandes robos, públicos y privados, siguen impunes y con las mismas prácticas. No es casual que haya tantas ponencias en favor del gradualismo. La hipocresía es una forma de déficit. Si se duda de la generosidad de los profesionales para donar su tiempo, se puede ensayar la idea de otorgarles un porcentaje de lo que se recupere.

La casta no es sólo política. Es sindical, empresarioprebendaria, monopolista, integrada por proveedores privados del estado vulgares ladrones públicos, proteccionistas, coimeros, beneficiarios con las ventas de dólares futuro, testaferros, y otros “expertos en mercados controlados”. También los jueces que se dejan sobornar o que devuelven favores. La casta, la mafia, es una sola entidad. Una proterva hermandad del delito. Esa realidad debe tomarse en cuenta y procurar cambiarla en cada una de las acciones que se tomen, aplicando los resortes constitucionales, que los hay.

La nota previa decía que en un primer momento se debía concentrar el esfuerzo en las grandes exageraciones que pueblan el gasto, y cuya eliminación no generará ningún costo social ni ningún daño real a la población, más bien todo lo opuesto. Pero eso no termina ahí. Corresponde luego analizar el rubro de subsidios, planes, AUH, a lo que habría que agregar todos los costos no relacionados con el sistema de jubilaciones que se consideran indebidamente costo jubilatorio, no importa que los pague la Anses, ni que se financien o no con aporte de los jubilados. Eso incluye el extraño caso de la epidemia de discapacidades que ha estallado durante el Kirchnerismo.

Esto es porque mezclar los conceptos confunde cualquier análisis, cualquier aproximación, cualquier intento de solución. La sugerencia de la columna es reunir todos esos gastos llamados sociales dentro de un solo gran rubro y dentro de un solo ministerio, más allá de las denominaciones. También ese gasto debe estar bajo el control y el mando de un solo responsable, no escondido con nombres diversos en distintas áreas o cajeros. Lo primero que se logra de ese modo, es que la ciudadanía, y el propio gobierno, tengan claro cuál es el costo anual de esa solidaridad con plata ajena, justa o no, real o no, y cuánto influye sobre la totalidad del gasto.

CHOCOLATE RIGAU

El segundo efecto, es poder mostrar con mucha mayor claridad los planes duplicados o triplicados, el incumplimiento de compromisos de las familias en los casos de escolaridad, la escandalosa falsificación de planes como el caso de Chocolate Rigau, (que debería estar condenado junto con los jueces que lo exoneraron alegremente) los casos que aún subsisten de intermediarios planeros o piqueteros que cobran mediante la exacción casa por casa - al estilo Don Corleone - a los beneficiarios de esos planes, un diezmo por su gestión sindical, a la vez que llevan a los beneficiarios a una suerte de vasallaje al obligarlos a la prestación de asistir a actos y marchas partidarias, un feudalismo de cabotaje nauseabundo.

También deben unificarse esos planes, rediseñar las contrapartidas y obligaciones que el estado requiere de cada beneficiario, y hacerlos cumplir, otro modo de evitar la discrecionalidad en este tipo de asignaciones. La Corte Suprema tiene aquí una misión fundamental: la de no equiparar un plan social a un derecho adquirido ni siquiera a un derecho. Eso también permitirá reanalizar los miles de planes que favorecen a seudoinmigrantes temporarios de la región, bajo el pretexto de que la Constitución lo determina así, cosa que tampoco es cierto. Pero es rentable.

Nada más que el ahorro producido al eliminar los abusos, duplicaciones, triplicaciones, trampas y maniobras de todo tipo implicará un ajuste importante en el rubro, sin efecto alguno sobre quienes verdaderamente lo necesitan. En otras palabras, también aquí debe evitarse la solución fácil e ignorante de reducir un porcentaje al voleo del total, vía la inflación, los bonos de suma fija y otros trucos indios. Es imprescindible eliminar la presión ilegal y casi terrorista de los piquetes de quienes se atribuyen la función de “representantes de los humildes y los desprotegidos” y luego los transforman en sus siervos mercenarios, sus soldaditos, y les cobran protección. Se trata de un paso inicial fundamental y urgente, antes de continuar trabajando sobre este rubro.

Por supuesto que también en este renglón debe aplicarse el análisis profesional y sistemático de las asignaciones, denunciar a la justicia los casos más groseros y suprimir de cuajo y sin vacilar todas las estafas y estafitas.

EL MAS COMPLEJO

El siguiente rubro es tal vez el más polémico y complejo de todos. El de los empleados públicos. Alguna vez la ley establecía que hasta el nivel de Director los cargos en los ministerios, secretarías y demás reparticiones, debían ser ocupados por aspirantes designados por concurso, y las vacantes respondían a los organigramas respectivos, surgidos como resultante de las reglas de la Administración y del Estado.

Eso hace rato que no es así. Todos los cargos públicos son políticos de alguna forma. Y como por una dudosa conquista constitucional también el personal es inamovible, (y a todos los partidos les conviene) cada nuevo gobierno designa sus acomodados, amantes y militantes, pero no echa a los anteriores, simplemente los pone a vegetar en algún escritorio, o hasta los exime de fichar. Pero les paga.

Lo que es todavía peor, cuando un nuevo gobierno toma el poder (en particular el kichnerismo) inventa cargos de altos sueldos y viáticos y pone ahí a sus mejores acomodados, fuera de todo control y de todo límite. Les llama observatorios o hasta ministerios o secretarías de nombres sugerentes, que a su vez, toman gente, licitan, compran, tercerizan, adjudican, sin límite, razón ni control.

Cuando se dice “no vas a dejar en la calle a dos millones de personas”, también, o mejor dicho fundamentalmente, se está defendiendo esta suerte de castita que tiene su rincón de robo, su hucha disfrazada de empleo. Ya se ha dicho en la nota de la semana pasada que los puestos de esta caravana de inútiles de alto sueldo deben ser eliminados sin más trámite y procederse al despido de inmediato, aún a riesgo de tener una catarata de juicios que deben encararse con un grupo de medidas, sobre lo que se volverá oportunamente.

Pero, ¿qué hacer con la otra enorme masa de empleados del Estado, que ha crecido más que ningún otro indicador de la Argentina en la era K? Una nota irónica pero profundamente seria de este mismo columnista, se tituló “Teorema del ñoqui”. Se sostiene allí que el término ñoqui, utilizado como un sinónimo de vago, inútil, que no trabaja, es no sólo injusto sino inadecuado. No debe considerarse así al que no trabaja, porque tampoco el país tiene hoy empleo privado para ofrecerle. Y por otra parte, aunque el individuo cumpla con su horario, con su tarea, con sus obligaciones, con toda devoción, es ñoqui lo mismo si su función o la de su observatorio, ministerio o repartición es inútil, superflua o inventada.

LOS INUTILES

Agárrese. Hay que hacer un esfuerzo para identificar las miles de funciones inútiles en todos los estamentos oficiales y mandar a quienes desempeñan esas tareas a su casa. Sin dejar de pagarles. Aunque se queden los ministerios, secretarías y otras reparticiones y observatorios vacíos. Al cesar en sus actividades, no se baja en una primera instancia el gasto de salarios, pero se baja el gasto de toda la función administrativa, viáticos, adquisiciones, mantenimiento, decisiones, tercerizaciones, pequeños y grandes robos y rapiñas, y se saca la excusa de “dejar sin un sueldo a la pobre gente”.

De paso, se eliminan las reglamentaciones inútiles que estas estructuras de papel maché inventan para autojustificarse, lo que tanto bien hará a las pymes y a los profesionales que pagan el costo de una burocracia urdida para justificar su propia existencia, como explicara brillantemente C. Northcote Parkinson, el radiógrafo de la burocracia en su obra de 1970 La ley de la demora: “el tiempo libre se llena con trabajo inútil”. “Cada burócrata contrata a dos más para tener a quién mandar”

Pero la idea es más abarcativa. Todos los seudoempleados a los que se mandará a su casa, y los que se vayan agregando a medida que se perfeccione el análisis, dejarán de revistar en los payrolls de las estructuras de cada ministerio o área. Pasarán a conformar una lista única que se asignará presupuestariamente a un solo ministerio. Esa lista tendrá varios objetivos;

Que la sociedad sepa cuánto suma el total de sueldos del Estado que son innecesarios pero que se mantienen para no crear un drama social.
Que sobre ese listado se apliquen las obligaciones, controles, restricciones que el gobierno considere oportunas.
Que se establezcan políticas concretas para fomentar la incorporación gradual de esos individuos al mercado laboral privado, que se reactivará a partir de una nueva confianza en la seriedad fiscal y se recupere la inversión.
Que se analicen las incongruencias dentro de ese listado, y se actúe sobre los casos que aparezcan como un abuso o un delito.
Que el listado se vaya reduciendo en el tiempo, y que se vaya transformando en un sistema de deesempleo, en el que los beneficiarios tendrán ciertas obligaciones de aceptación de los ofrecimientos que reciban, so pena de perder sus beneficios.

En ciertos puntos, los integrantes del otro listado, el de subsidios, se incorporarán a éste, según la situación de cada uno. Un planero, finalmente, salvo causales muy específicas, es tan desempleado como un empleado público.

A partir de ese momento, se establecerán nuevas normas de incorporación a la Administración o las empresas del estado, que serán restrictivas cualitativa y cuantitativamente.

Decir que el personal de un ministerio o un ente que cierre será reasignado es una simplificación inviable. Ese personal debe formar parte de la lista remunerada de ex empleados del estado que se menciona antes.

No hay ninguna duda de que estas medidas serán salvajemente resistidas. Desde la acusación de segregación hasta la de pérdida de dignidad del individuo, privado de la acción integradora de su trabajo. Como si ser disfrazado de Jefe de Sección en el observatorio del bloqueo a Venezuela y cobrar por ello, no fuera también una indignidad. O ser un ñoqui no fuera una segregación. Esa será el tipo de lucha dialéctica con que más deberá enfrentarse quien intente cambiar el desastre: la que lleva a la pedrea y el incendio.

BASE CERO

Esta idea guarda similitud con la que hace 35 años viene agitando esta columna: la necesidad de preparar un Presupuesto de Base cero en todas las jurisdicciones. O sea, la de no dar por válida la foto de hoy y simplemente cambiarle los valores cada año, sino establecedor cuáles son las políticas que se intentan aplicar en cada y los costos necesarios para llevarlas a cabo. El resultado será sorprendente. En un grueso y bondadoso cálculo este espacio ha estimado que aproximadamente la mitad del presupuesto se gasta de más. El Presupuesto de Base cero es el que permite saber cuál mitad es la que debe suprimirse.

Comprendiendo lo difícil -o imposible– de llevar adelante en un corto plazo semejante tarea, básicamente porque los beneficiarios de ese exceso son los que deben eliminarlo, la columna ni siquiera propone implementar semejante instrumento. Sino calcularlo. En el imprescindible intento de persuadir a la ciudadanía de la necesidad de cambios profundos que se ven como una pérdida de conquistas y derechos, nada mejor que mostrar lo que la comunidad está pagando de más, y no precisamente en beneficio de los pobres. Y cómo se pueden reasignar esos sobrecostos en favor de la sociedad.
Quedan por analizar muchos temas de fondo y su tratamiento. Las empresas del Estado, un caso distinto cada una. La necesidad de que las Provincias e intendencias lleven adelante las mismas políticas que en el gobierno central, la importancia del sistema de justicia y la Corte Suprema, temas que abarcará la próxima entrega.

Porque como ya se ha dicho, estas sugerencias no pretenden ser la solución, apenas un incentivo para motivar nuevos enfoques y para actuar de entrada sobre el gasto, con un mínimo de daño social. De paso, para mostrar que cualquier cambio requiere esfuerzo, planificación, capacidad de gestión, sacrificio, liderazgo, voluntad, valentía, tiempo, capacidad de comunicación y negociación, gente especializada, y que lo peor que se puede esperar o exigir de cualquiera que gobierne es que saque de la galera una solución mágica que todos saben que no existe. Una carta a Papá Noel de una ciudadanía infantilizada.

Publicado en La Prensa.