¿Por qué millones de argentinos están en contra de un impuestazo si no les aplicaría?

Matías Olivero Vila
Abogado
y Contador. Presidente de Lógica Argentina.
Días pasados se
publicaron un par de encuestas por las que más del 75% apoyaría un impuesto extraordinario
a la riqueza. A primera vista, un fuerte apoyo. Pero cuando miramos la encuesta
del lado del revés encontramos el dato más llamativo: más de un 20% estaría en
contra, aun cuando saben que no serán de los 12 mil contribuyentes de este
eventual impuesto. ¿Qué es lo que movería a millones de argentinos
representados en ese 20% a tomar posición en una causa aparentemente ajena en
defensa de una mínima minoría que en su enorme mayoría desconocen? Pero
antes de contestar esa pregunta, una cuestión previa.
¿Hasta qué punto son válidas y corresponde tomar en
cuenta estas encuestas?
Además de difundirse
estas encuestas, en ciertos medios se ha consultado a personas influyentes,
pretendiendo utilizar esos sondeos y opiniones como fuente legitimante de la
propuesta. Pero cabe reflexionar hasta qué punto eso corresponde cuando los
consultados no son expertos en la materia.
Aquí no se trata de
cuestiones personales como si se está a favor o no del matrimonio igualitario o
del aborto. Se trata del sistema tributario argentino que, de la mano de ser el
más gravoso del mundo, probablemente sea también de los más complejos del
mundo. Por lo cual, actualmente sancionar un impuesto (especialmente uno
patrimonial), si se nos permite recurrir como analogía al juego del Jenga,
tiene una complicación similar a reinsertar un bloque de madera en medio de la
torre, con inminente riesgo de desmoronamiento constitucional.
Cuando a un consagrado director
técnico de una de las principales ligas deportivas se le preguntó con respeto
si quería opinar sobre la pandemia y la suspensión del torneo, contestó
tajantemente que sería una irresponsabilidad de su parte expedirse sobre una
cuestión tan compleja y que sólo debían opinarlos expertos
(https://www.youtube.com/watch?v=rxeMSpYlMyg). Mientras, aquí tenemos medios
que tratan de sonsacar opiniones a personas influyentes para apuntalar el
impuesto y ponen al aire una y otra vez al mejor ex jugador argentino tratando
de contestar como puede a favor del mismo
(https://www.youtube.com/watch?v=oRsgJsxbnks). Estas asimetrías también son reflejos
de nuestro último puesto fiscal en el mundo.
Veríamos como un acto
irresponsable que el gobierno encargue encuestas para saber si la gente quiere
terminar o no con la cuarentena y luego base su decisión en sus resultados. Porque
la epidemiología es una ciencia con contados especialistas y los múltiples
efectos de una pandemia para un país exigen meses de análisis. Por ello, con la
misma indignación con que desde el oficialismo se condena la emisión de
opiniones de inexpertos contra la cuarentena, debería condenarse el encargo y
difusión de encuestas y pedidos de opinión a gente que, en general,
naturalmente no tiene ni una mínima idea del sistema más gravoso y de los más
complejos del mundo. Sí podrían realizarse estas dos encuestas en asociaciones
de máximo prestigio en estudios tributarios, cuyos socios pertenezcan al ámbito
privado, judicial y administrativo. Y allí sí sería interesante analizar sus
resultados.
¿Qué sucede cuando preguntas sesgadas por incompletas
son dirigidas a legos en la materia?
Dejemos a un lado la
impertinencia de la encuesta y hagamos lo posible por darle validez, analizando
qué información útil puede extraerse de ella.
Daniel Kahneman, en su
extraordinaria obra “Pensar Rápido, Pensar Despacio”, cita un interesante caso.
En cuatro países se preguntó a los ciudadanos si querían ser donantes de
órganos. Mientras en Austria los donantes eran el 98%, en Alemania eran el 12%.
Y mientras en Suecia eran el 86%, en Dinamarca sólo el 4%. ¿Por qué tan abismal
diferencia en dos pares de países vecinos? La explicación se hallaba en la
estructura de la pregunta. En Alemania y Dinamarca se marcaba un casillero sólo
si quería ser donante. En Austria y Suecia se marcaba sólo si no quería
serlo. El silencio operaba distinto en uno y otro caso. Esa aparente sutileza
llevaba a dos respuestas en las antípodas, demostrando que cuestiones de forma
en la pregunta determina la preferencia. Por ese tipo de aportes Kahneman
(psicólogo) fue el primer no economista en recibir el Nobel de Economía en
2002.
A continuación,
analizaremos las preguntas originarias de ambas encuestas.
¿Cuál es su opinión
sobre el impuesto extraordinario a la riqueza? (Clivajes). ¿Se debería
cobrar un impuesto extra a las grandes fortunas? (CELAG).
El 79,5% (Clivajes) y
76,2% (CELAG)respondió a favor; y un 15,7% (Clivajes) y 21,4% (CELAG), en
contra. El resto, “NS/NC”. La diferencia entre ambos rechazos puede provenir,
como en aquel caso de Kahneman, de una aparente sutileza: “extraordinario”
implica única vez, mientras “extra” puede resonar como impuesto adicional a
otro (quizás patrimonial). No es lo mismo ‘por única vez’ que ‘además de’. Y
esa diferencia bien pudo aumentar más de un tercio el rechazo en la segunda.
De la forma escueta y
neutra de las preguntas, los encuestados podrían haberse inclinado a contestar
asumiendo que Argentina cuenta con un sistema tributario estándar y que, por
ello, debían responder en forma “base 0”. Pero, a la luz del natural
desconocimiento de casi todos los encuestados sobre nuestro sistema tributario,
a continuación se realizan ciertas adiciones que podrían haberse provisto para
darle a los encuestados la mínima información para que puedan opinar con
fundamento.
Se aclara si las
cuestiones fueron tratadas en artículos anteriores (“¿Otro impuestazo en el
país más gravoso del mundo?” y “¿Cuál es el punto de partida de Argentina para
aplicar otro impuestazo?”, ambos en El Cronista) y, aún más atrás, en Doctrina
Tributaria de Errepar (“Argentina y el Sistema Tributario más Gravoso del
Mundo”, dos partes).
1) Para contestar la pregunta originaria, tome en cuenta
que ya existe un impuesto al patrimonio, al que a fines de 2018 se le elevó la
alícuota de 0,25% a 0,75% y hace 6 meses se la volvió a aumentar, triplicando
la alícuota máxima (2,25%) y que existiría superposición entre ambos impuestos.
Es muy probable que la casi totalidad de los
encuestados no supiera esta información básica dado que los contribuyentes de
tal impuesto son menos del 3% de la población encuestable (menos de 1M sobre
33M). La propuesta española sustituiría el impuesto patrimonial actual,
mientras en Argentina se superpondrían. EL CRONISTA CRONISTA.COM ¿Otro
impuestazo en el país más gravoso del mundo? Lee el artículo en cronista.com
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2) Tome en cuenta que prácticamente no existen
precedentes en el mundo con una alícuota de impuesto patrimonial superior a la
máxima existente del 2,25%.
Esta cuestión fue tratada en el
segundo artículo. El caso de España, único aparentemente similar con el 2,50%,
no es comparable por dos razones: (i) no se aplica en importantes comunidades
autónomas, como la de Madrid, y (ii) contiene una limitante legal por la que la
suma del impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio no puede superar el
60% de la renta del ejercicio. Mientras, en Argentina, el 2,25% se aplica sin
limitación alguna.
3) Como marco general, tome en cuenta que el Banco
Mundial y sus miles de asesores desde hace 6 años que concluyen que Argentina
tiene el sistema tributario más gravoso del mundo.
Ya explicado en el primer artículo, dejando de lado al
ignoto Comoras, Argentina es el único país al que en el ‘caso testigo’ no le
alcanzan todas las utilidades para pagarlos impuestos totales y es el único
país calificado por el Banco Mundial con un “0,0” (cero coma cero) sobre 100
puntos en el ranking de “total tax rate”.
4) Tome en cuenta que
el impuesto extraordinario muy probablemente sea cuestionado por
inconstitucional, por lo cual asuma que una parte sustancial de la recaudación
no ingresará sino después de más de 7 años de litigio y sólo ante una sentencia
de la Corte Suprema favorable al fisco. Si ya el impuesto patrimonial existente
está siendo discutido judicialmente, es esperable que el eventual nuevo
impuesto lo sea mucho más. Sobre las objeciones constitucionales al potencial
impuesto extraordinario ya nos remitimos al trabajo de Liban Kusa
(“Coronavirus: por qué el Gobierno no debería crear nuevos impuestos”, El
Cronista).
5) Tome en cuenta que un tercer incremento en menos de 18
meses en impuestos patrimoniales puede provocar que muchos de los 12 mil
potenciales contribuyentes muden su residencia real al exterior.
Durante el segundo semestre de 2019 se ha venido dando
una suerte de “éxodo fiscal”, con una cantidad de consultas y decisiones
relacionadas a cuestiones patrimoniales y residenciales, que exigió la emisión
de respuestas e interpretaciones de AFIP. Luego, a fines de año, tuvo lugar el
mencionado segundo aumento de alícuota del impuesto sobre los bienes
personales. Y ahora este eventual nuevo impuesto se plantea asumiendo que estas
12 mil personas tienen una capacidad de resiliencia ilimitada. Son ciudadanos,
con todo el derecho de defenderse ante las sucesivas violaciones
constitucionales y los sucesivos cambios en las reglas de juego, incluyendo su derecho
a dejar el país. La eventual sanción de un impuesto como el que se propone
tendrá consecuencias en este aspecto, además de las que ya ha tenido por su
mero anuncio.
6) Tome en cuenta que si Argentina sigue elevando la
carga fiscal sobre el sector privado es probable que, además de cambios de
residencia, se den cierres de empresas y ausencia de nuevas inversiones.
Desde hace más de una década, Argentina aparece entre
los sistemas más gravosos del mundo y durante ese período dejó de crecer. Si
sigue elevándose la carga tributaria se seguirá agravando la situación. Si no
vendrán inversiones de afuera por un tiempo, que al menos se sigan haciendo y
no se cierren las locales. Y entre múltiples efectos, habrá menos para
distribuir entre los 21 millones que reciben mensualmente pagos del Estado.
7) Sin perjuicio de lo respondido en 1) a 6), vuelva a
contestar todas las preguntas anteriores, pero ahora asumiendo que Ud. es uno
de los 12 mil potenciales contribuyentes. Resulta fácil responder cuando no se
encuentra comprometido el propio patrimonio. La cuestión es qué sucede cuando
nos ponemos en el lugar del otro, por aquello que “cuando juzgues el camino de
otro, pídele sus zapatos”.
Retomando a Kahneman, si
la sola palabra “extra” pudo influenciar en incrementar más de un tercio el rechazo
a la propuesta, cabe reflexionar hasta qué porcentaje seguiría aumentando a
partir de estas siete informaciones básicas que pudieron proveerse a quienes,
en su gran mayoría, naturalmente desconocen nuestro sistema fiscal.
¿Qué es lo que está detrás del 21,4% de rechazo a este
impuesto extraordinario?
Ante un proyecto para
subir el IVA 10 puntos porcentuales, no hace falta realizar una encuesta para
saber que sería rechazado por al menos el 99% de los encuestados. Lo inverso
sucedería con un proyecto para bajarlo 10 puntos, contaría con la aprobación de
al menos el (mismo) 99%. El “voto bolsillo” sería determinante en ambos.
En una población de 45
millones, los encuestables han sido 33 millones mayores de 16 años. Según
cálculos estadísticos, lo más probable es que en la muestra de 2000 (CELAG) y
1142 (Clivajes) casos haya respondido uno solo o ninguno de los 12 mil potenciales
contribuyentes. Por lo que resulta sorprendente que haya un 21,4% (tomando
la encuesta menos sesgada, con más encuestados y menor margen de error),
representativo de unos 7 millones de ciudadanos mayores, que están en contra de
un impuesto destinado a afrontar la pandemia, aun sabiendo que no les
aplicaría; y en contra de que 12 mil personas, a quienes en su enorme mayoría
desconocen, paguen otro impuesto más. Sin “voto bolsillo”, una suerte de
inédito “voto solidario” para con los muy pocos que deberían pagarlo. Ese es el
dato que entendemos más llamativo de la encuesta.
¿Pero de dónde surge
semejante rechazo? No se informa otro corte que no sea por voto partidario en
la última elección. Pero intuimos que dentro del 76% que apoya la propuesta,
estarán los que representan el actual 40% de pobreza. Es comprensible que
cualquier proyecto que mitigue la miseria cuente, sin más, con el ciego apoyo
de los más necesitados. Y probablemente también se encuentre una gran mayoría
de aquellos cuyos ingresos dependen del Estado que, consciente o inconscientemente,
se inclinarían por apoyarla propuesta porque podrían sospechar que, de no
aprobarse el impuestazo, el efecto podría ser una disminución de su ingreso
público. De hecho, es el camino que han elegido muchos países como Colombia,
Paraguay, Uruguay, México, Corea del Sur, India, etc. Digamos, una suerte de
“voto en defensa propia”.
Por casualidad o –más
probablemente- causalidad, nos encontramos que aquel número de 7 millones no es
tan distinto al de los actuales 8 millones de trabajadores del sector privado
(6M de asalariados, 1,6M de monotributistas y 400 mil autónomos, según último
informe del Ministerio de Trabajo). La explicación más coherente parece ser que
hay un sector privado que en su gran mayoría no quiere aportar más impuestos,
no importando quiénes lo hagan. Y que se solidariza con sus principales
“representantes”, aquellos que han creado riqueza, fuentes de trabajo u
oportunidades de crecimiento para ellos mismos y el país. Ya se ha dicho
que no se trata que el sector privado no quiere ser solidario en estas
terribles circunstancias. Es que ya lo viene siendo y con creces, más allá de
los límites de nuestra constitución y de los máximos parámetros
internacionales.
La respuesta a la
pregunta y título de este trabajo la encontramos en que detrás del 21,4% están
representados 7 millones de personas que estarían viendo en la eventual sanción
de este impuesto extraordinario la coronación de una injusticia histórica.
Tenemos, por un lado,
un sector privado en inédito estado angustiante que, según la última encuesta
realizada por una entidad empresaria, está sin producción en un 56% de las
empresas, caídas de ventas en un 93% de las compañías, reducciones o dificultades
para pagar sueldos en un 77% de empresas. Pero al que, en simultáneo e
insólitamente, se le pediría que a través de sus principales “representantes”
realicen otro aporte extraordinario más, en exceso del que ya están realizando
por un cuestionado impuesto sobre los bienes personales.
Mientras, por el otro,
tenemos una administración pública cuasi-paralizada. Si, más allá de la emisión
monetaria, el Estado realmente necesita esos u$s 3000 millones para
afrontarla pandemia, dicha parálisis estará ofreciendo múltiples alternativas
para economizar y obtener recursos muchos mayores a los que (no)se van obtener
con dicho impuesto. Por ejemplo, en el artículo pasado explicábamos en detalle
una alternativa, por la cual en los sueldos públicos se está dando un ahorro (o
incremento de gastos) por el tercio correspondiente a los gastos que no se
están realizando por efecto de la cuarentena. Y que con reducir esa injusticia
a menos de la mitad (15% del sueldo) se obtenían aquellos u$s 3000 millones.
Cuesta creer que con esta extensión y nivel de paralización en gran parte de la
administración pública no estén inmediatamente disponibles, como mínimo, una
decena de alternativas más, igualmente constitucionales, justas y eficientes.
Y lo más llamativo de
la encuesta es que ese grado de oposición, representativo de 7 millones, fue
obtenido mediante la realización de una pregunta sesgada, por incompleta,
frente a una población encuestada que, en su casi totalidad, naturalmente no
tiene el mínimo conocimiento del sistema más gravoso y de los más complejos del
mundo. Si se hubiera dado más información, como escuetamente se hizo más
arriba, vaya a saber a cuánto hubiera llegado ese porcentaje de rechazo. Y
a cuánto más aún si se hubiera realizado a expertos en la materia.
Se ha dicho desde
sectores políticos no tan lejanos al oficialismo que un impuesto como el que se
propone “agrandará la grieta existente”. La pregunta es si realmente
profundizará la existente o está generando una segunda grieta distinta entre
sector privado y sector público que no necesariamente coincidiría con la
existente, atravesando las posiciones políticas. De hecho, la encuesta de CELAG
refiere que un 10,4% -de vuelta, resultante de una pregunta sesgada por lo
incompleta- de votantes del oficialismo no apoyan la propuesta. Cabe analizarla
conveniencia política y social, en estas dramáticas circunstancias de la
pandemia, de generar una segunda grieta cuando aún permanece abierta la
primera.
¿Qué es lo que está detrás del 76% en favor del
impuesto extraordinario?
Lo anterior en nada
minimiza el 76%, representativo de 25 millones de ciudadanos mayores. Al
contrario, está en línea con aquellos primeros trabajos publicados en Errepar sobre
que el último puesto fiscal mundial de Argentina es responsabilidad primaria
del Congreso y Poder Ejecutivo de turno, pero no es exclusiva. Hay un Poder Judicial,
autoridades fiscales y un sector empresario y profesional que, en mayor o menor
medida, han influido en ese último puesto. Y también sectores mediáticos y una
gran parte de la población que fogonean y apoyan la suba una y otra vez de cualquier
impuesto que sea (mientras no se les aplique). Todo lo cual demuestra el casi
total desconocimiento de esos sectores y la falta de concientización en la
sociedad sobre la gravedad terminal de nuestro sistema fiscal. Volveremos en
próximos artículos sobre qué puede hacerse en estos ámbitos.
Adaptamos la acostumbrada conclusión: o el
Banco Mundial se equivoca en el diagnóstico, con miles de tributaristas que lo
vienen asesorando mal anualmente, y con funcionarios de 190 países que falsean
sus datos para que Argentina aparezca en el fondo del ranking de imposición
total de cada año; o, de lo contrario, hay un sector de nuestra clase política,
de los medios y una gran parte de la opinión pública que yerra en su
diagnóstico, considerando que la carga fiscal no es un problema y que se puede
seguir elevando una y otra vez los impuestos.
Publicado en El Cronista.
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