Juicios previsionales: ¿Acuerdo entre poder político y judicial otra vez?
Angélica Bergonzi
Presidente de Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD).


El Gobierno de Cambiemos y su relación con esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede convertirse en una situación de gravedad institucional si los miembros de la Corte deciden seguir la senda de fallos de corte político que se apartan del derecho. No se confundan, no se trata solamente de un problema previsional por lo cual alguien puede pensar que no lo afecta, no es así, porque cuando el estado de derecho se viola las consecuencias son imprevisibles ya que pueden verse afectadas todas las áreas de la república.
 
Ya hemos descripto en Informes previos la gravedad del Fallo Gualtieri de la CSJN de abril 2017, las demoras de todo el Poder Judicial en el avance de los juicios previsionales, y las apelaciones permanentes de ANSES, ahora principalmente ante la CSJN con la pretensión de afectar derechos constitucionales de los ciudadanos, jubilados actuales y futuros.
 
Precisamente el fallo Gualtieri parece surgir como ya hemos dicho, de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Judicial, para perjudicar a quienes han aportado toda su vida laboral y no han aceptado el llamado proceso de reparación histórica, que no es más que un intento de pagar una deuda con una enorme quita. Al fracasar dicho proceso, el Ejecutivo recurre al auxilio de la Corte para que se aparte de la consideración exclusiva de derechos constitucionales adquiridos y falle a favor del poder político, situación que parece repetirse otra vez a pesar del cambio anunciado.
 
Vemos ahora que nuestro pensamiento coincide con, nada menos, que el del prestigioso constitucionalista Félix Loñ, quien opina que el fallo Gualtieri es inconstitucional, según el artículo publicado en La Nación el 13 de septiembre de 2017 cuyo link se adjunta.
 
Nos permitimos también recomendar la lectura del artículo del Dr. Sebastián Boix Mansilla, especialista en sistema previsional, publicado en Urgente 24, el 29 de septiembre de 2017, porque explica con claridad meridiana las acciones que hemos venido observando y sus consecuencias. El párrafo   “… grave como esto es que un Poder del Estado le reclame a otro Poder que viole la Constitución amparándose en el perjuicio que generaría al bienestar general cumplir con la manda constitucional’”, refleja en forma condensada la connivencia poder político-judicial, que ha sido una constante en la vida de nuestro país, y que hoy no parece ser diferente.
 
Esta connivencia también parece ser ignorada por la mayoría de quienes tienen acceso a la opinión pública, demostrando una vez más la cultura del alineamiento con el poder de turno, sin importar principios y valores que sustentan a las sociedades evolucionadas.
 
Toda esta sucesión de hechos implica una violación al Estado de derecho. Llama la atención que han cesado las denuncias de la Dra Elisa Carrió sobre el actual presidente de la CSJN, Dr Lorenzetti. Al menos no hemos escuchado más acerca de ellas.
 
Queremos confiar que primará el sentido común y el apego a la Constitución Nacional y al Estado de Derecho, para lo cual el fallo Gualtieri no puede extenderse al resto de los casos, ni tampoco la CSJN puede cambiar los índices de actualización según le pide el Ejecutivo. Seguiremos atentos a todo el accionar.
 
En un escenario de violación del estado de derecho, todo intento de crecimiento económico y  estímulo a las inversiones, resulta efímero y termina en crisis generalizada más tarde o más temprano, como nuestra historia lo demuestra.
 

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