Black Friday
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.



El fallo del TOF5 del viernes pasado cayó como una bomba.
La decisión que sobreseía a Cristina Fernández, a sus hijos y al resto de los integrantes de la banda, fue interpretada como un cachetazo al Derecho y al principio liminar de la convivencia: el que las hace debe pagarlas.
Un tribunal integrado por una mayoría kirchnerista de 2 a 1 (así fue cómo salió el fallo) declaró que no había que continuar con el sustanciamiento del juicio oral por “inexistencia de delito”. Los jueces kirchneristas Obligado y Grünberg dictaron su fallo cuando aún faltaba producir pruebas que ellos mismos habían ordenado. Pero claro, Grünberg que es solo un juez interino en ese tribunal termina su suplencia mañana: había que actuar con premura.
El fallo es un compendio de vergüenzas. Primero es insólito que un tribunal oral y público renuncie a sustanciar un juicio oral y público.
Si la producción de pruebas no pudo avanzar sólidamente en la probanza prima facie del delito en la etapa de instrucción, es allí donde se debe abortar la elevación al juicio oral.
Pero, comprobadas las ilicitudes en la etapa de investigación, el juicio oral debe llevarse a cabo. Más aún cuando la excusa para no hacerlo ni siquiera es creída completamente por los propios jueces.
Sucede que el motivo aducido para dictar el sobreseimiento es que el delito no existía al momento de ser cometido, conducta que solo comenzó a ser punible en 2011.
El pequeño detalle es que la banda, cebada como estaba en la tarea de multiplicar sus millones robados, continuó cometiendo el delito hasta el año 2015, por lo que la excusa de que en 2008 -cuando el delito comenzó a cometerse- el lavado de dinero requería la necesidad de probar previamente el origen de los fondos espurios, no puede oponerse: una vez que el delincuente decide seguir con la conducta delictiva aún después de que se produjera  un cambio técnico del tipo penal, el delito que no existía con autonomía antes pasa a existir ahora y la conducta debe juzgase como una sola desde el principio.
La causa ahora tendrá un recurso de Casación. Ese recurso será administrado por el buen fiscal Mario Villar ante una de las salas más limpias de la Cámara de Casación.
El sustanciamiento del juicio oral contra la vicepresidente y su banda solo habrá sufrido una demora. Pero no hay dudas de que el Estado de Derecho sufrió el viernes un golpe profundo. Más allá de que algún día la banda liderada por Cristina Fernández sea finalmente condenada, no hay dudas de que la infiltración cristinista en el poder judicial constituye una afrenta mayúscula para el funcionamiento de la República.
El mismo día que a los argentinos se les decía en la cara que para viajar “había que tener tarjetas Premium o Black” o que “los pobres no viajan, viajan los ricos, así que si quieren ir, que paguen” (olvidando que poder viajar al exterior con facilidades quizás sea uno de los mayores motores aspiracionales de la clase media, no de los ricos. que pueden viajar cuando quieren) la reina de los millonarios (que hizo su fortuna en base al robo de los bolsillos de los que aspiran a viajar) era sobreseída por dos jueces que burlaron la ley y el Derecho.
El gobierno nacional y popular manipula la Justicia para salvar de problemas a sus jerarcas al mismo tiempo que sigue privando de satisfacciones y de derechos al núcleo duro del pueblo productivo, aquel que sólo aspira a vivir mejor y a darse los gustos que el ejercicio lícito de su trabajo le permite.
Con la inconstitucional decisión del BCRA (que veremos si la Justicia es tan rápida para derribar como lo fue en el caso de la Sra Fernández) el gobierno parece querer afinar el trazo con el que separa a los pobres de los ricos, como si, a propósito, no quisiera que hubiera nadie en el medio. Según ellos, ahora, todo el que no puede viajar pagando de una sola vez, es pobre y, por lo tanto, debe reconocer los esfuerzos que hace el gobierno popular para “defenderlos”.
Pasará mucho tiempo antes de que los argentinos olviden el viernes 26 de noviembre. Un día en que al lado del clásico efecto del totalitarismo -cómo está el de perder derechos a manos del Estado- el gobierno usó a sus alfiles judiciales para hacer tratar de hacer zafar a su jefa del castigo que merece por los delitos que cometió… Por los delitos que cometió principalmente contra el bolsillo de los honestos a quienes aplasta con sus prohibiciones.

Publicado en The Post y Mira quien habla.



 

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